Los comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a la venta de tierras a desarrolladores sí cuentan con un proyecto alternativo para el desarrollo de su comunidad, destacó Carlos Covarrubias Rendón, asesor legal de los comuneros.
Este sábado comuneros hicieron un llamado a la sociedad civil para que los apoyen con vigilancia de que no haya represión este domingo, cuando nuevamente se intentará llevar a cabo una asamblea comunal para la aportación de tierras a favor del proyecto inmobiliario “Reserva”.
Al respecto, Carlos Covarrubias destacó que este nuevo intento por realizar la asamblea constituye un acto “ilegal que no está validado por la autoridad”, pues recordó que la Procuraduría Agraria a nivel nacional ya se pronunció en torno a este tema, y aún así, los desarrolladores inmobiliarios pretenden ejercer presión política y económica para realizar la asamblea y obtener las tierras.
Además aseguró que los comuneros que se han manifestado frente a la Procuraduría Agraria han sido utilizados por los desarrolladores para lograr su cometido, “dicen que les dan de 200 a 300 pesos por día”, además de alimentos y protección a través de guaruras. Sobre este mismo tema, cuestionó porqué la Policía Metropolitana no ha actuado para desalojar a los manifestantes como hacen cuando hay una protesta de una organización social, por lo dijo suponer que hay complicidad de autoridades estatales.
Aparte, Aniceto Jasso Bravo, comunero y ex comisariado de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, denunció que líderes corruptos pretenden seguir enriqueciéndose a costa de la comunidad, cosa que dijo, no van a permitir, por lo que este domingo se hará lo necesario para evitar el despojo de tierras.
Además dio a conocer una estrategia para el desarrollo de la comunidad, en la que se plantea crear un proyecto turístico y ecológico sustentable y viable administrado por los propios comuneros; establecer una lotificación sólo en lugares que no afecten el área natural protegida; crear una reserva territorial para los hijos y sucesores de los comuneros para fortalecer su patrimonio; exigir el equipamiento urbano sin condicionamiento económico o político; exigir el pago de indemnización que adeuda el gobierno estatal por un tramo del bulevar Rocha Cordero, La Ladrillera, Casa Blanca, entre otras; y restituir el área de 40 hectáreas “invadida” por desarrollo del Pedregal.
Finalmente, los comuneros hicieron responsables de lo que suceda este domingo “a esas personas que quieren vender la tierra sin permiso, los hacemos responsables de lo que nos pase a los que estamos defendiendo nuestro patrimonio, no se vale que quieran hacerse ricos a costa de nosotros”.