Comuneros de San Juan de Guadalupe denunciaron a autoridades agrarias por conflicto de intereses al pretender beneficiar a empresarios fraccionadores, según señaló María Dolores Quintero López, comisariado comunal.

La representante de los comuneros denunció que desde hace años, los pobladores de esta zona han sufrido el intento de despojo y engaño por parte de “grupos de poder”, quienes incluso les han hecho préstamos para después tenerlos bajo un esquema de chantaje y así poder alterar el uso de suelo de la Sierra de San Miguelito.

Aseguró que los empresarios pretenden conformar sociedades mercantiles en 2 mil hectáreas y posteriormente ampliarse 2 mil hectáreas más, y para ello tenían de su lado al anterior comisariado, Rogelio Ambrosio Carrizales Rosales, por lo cual fue removido.

Al respecto, Carlos Covarrubias Rendón, representante legal de los comuneros, denunció que en 2011 los fraccionadores ofrecieron un préstamo de 80 millones de pesos a los pobladores y mucha gente lo aceptó, sin embargo esto “se ha ido transformando en un yugo, porque a partir de eso les han despojado de derechos, los han chantajeado en los tribunales, los han suspendido de sus derechos por nada”.

Manifestó que en realidad los comuneros no les deben nada a los fraccionadores, ya que éstos tienen “invadidas” 40 hectáreas del campo de golf, donde el metro cuadrado tiene valor de 8 mil a 10 mil pesos, por lo que dijo que en realidad “en la calculadora no hay suficientes ceros para medir la riqueza que va a emanar de esa zona” si consiguen el cambio de uso de suelo y se edifica un proyecto habitacional con plazas comerciales y demás.

Agregó que funcionarios agrarios han tratado de abrirle el camino a los fraccionadores, pues por ejemplo, acusó al titular de la Procuraduría Agraria, Felipe Aurelio Torres, de haber hecho hasta lo imposible para evitar la remoción del ex comisariado ejidal, “mandaba oficios (a los comuneros) diciéndoles que si lo hacían podrían incurrir en responsabilidad”.

Debido a ello, el titular de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí ya fue denunciado ante la Contraloría de la dependencia a nivel nacional, y se le dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR), y lo mismo se ha hecho contra el titular del Registro Agrario, Miguel Martínez Castro; ambos son acusados de conflicto de intereses, pues incluso mostró una fotografía en la los funcionarios y el ex comisariado, departen con los fraccionadores.

Covarrubias Rendón indicó que también se buscará un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para tener la denuncia en el legislativo federal, “ya no vamos a llevar ninguna gestión a nivel local porque todos están de lado del poder”.