El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Luis Fernando Gámez Macías, señaló que “parece que están convirtiendo al municipio de San Luis Potosí en la era de Santa Anna (quien fue presidente de México entre 1833 y 1847), porque ya perdió parte de su territorio con la municipalización de Villa de Pozos, quiere cobrar nuevos impuestos como el del alumbrado y al rato cobrará por tener puertas, ventanas, perros y pericos en las casas y eso no se vale”.
Añadió que “este parece ser el trienio de Hidalgo, porque además se busca incrementar el costo del parquímetro por hora en un 50 por ciento y lesionar la economía de los potosinos no es viable, se ahuyentará a los clientes de los comercios; además de que no se justifica, no otorga seguro al vehículo contra daños robo”.
El diputado Luis Fernando Gámez expuso que por estas razones, “vamos a ir en contra de estas propuestas de incremento al uso de suelo, a los parquímetros, al impuesto del alumbrado público y todo aquello que dañe la economía de las y los ciudadanos”.
Lamentó que el ayuntamiento de la Capital, en la Ley de Ingresos aprobada por su Cabildo y que deberá revisar el Congreso del Estado, pretenda cobrar un impuesto por el alumbrado público a los ciudadanos, en un afán injustificado y meramente recaudatorio, que afecta a todos los ciudadanos.
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De entrada es totalmente inviable la propuesta, “parece que el ayuntamiento de la capital quiere vivir tres años de lesionar la economía de los potosinos; habría que preguntar cómo se va a determinar la cantidad que debe pagar cada persona por el alumbrado público, cuando hay zonas donde ni siquiera hay”.
Además, señaló el diputado verdeecologista, que el alumbrado público es un tema que está regulado por la Comisión Federal de Electricidad y la gente ya paga impuestos de donde sale el recurso para cubrir el costo de ese servicio, de tal manera que no hay condiciones para que se aplique ese nuevo impuesto.
Manifestó que el compromiso que tienen los representantes populares en el Poder Legislativo, es legal y moral con la sociedad, generar unión, cohesionar esfuerzos y proteger la economía de las familias, de tal suerte que bajo ninguna circunstancia es viable que el ayuntamiento pretende afectar de esta manera a la gente.