El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de San Luis Potosí, es el único en el país que no cuenta con recursos, ni físicos, ni etiquetados, para poder operar y realizar cabalmente su trabajo.
Desde su conformación, hace poco más de un año, esperan lo que por ley les corresponde, sin embargo trabajaron un 2018 sin dinero, y para este 2019 tampoco fueron incluidos en el presupuesto de egresos de la entidad.
Por lo que interpusieron un amparo ante los juzgados federales y esperan que a más tardar en tres meses, está instancia obligue al Estado, a otorgarles la partida que necesitan para instalar una oficina y contar con el equipo y personal que requieren para llevar a cabo su labor de fiscalización.
A diferencia que en otras entidades federativas en donde este organismo autónomo cuenta hasta con 30 millones de pesos para su operación, en San Luis Potosí solamente están solicitando siete millones de pesos; al día de hoy cuentan ni siquiera con un espacio para trabajar.
En rueda de prensa, Jesús Sierra Acuña, Juan Ramón Infante, Ramón Rodríguez Pecina y Efraín Arreola Ortiz, integrantes del CPC, informaron que ante la “opacidad y bloqueo” del Gobierno del Estado, se vieron obligados a acudir a la Federación. De no salir favorecidos, llegarán al Tribunal Colegiado en San Luis Potosí o a la Suprema Corte de Justicia.
“Nosotros solicitamos al Congreso del Estado y al propio gobernador, Juan Manuel Carreras, a través de los conductos legales y distintos escritos que les hicieron llegar a la diputada Sonia Mendoza y a el legislador, Edson Quintanar, para que se cumpla lo que dice el artículo 5° transitorio de la Ley del SEA, ellos omitieron agregar al SEA en el presupuesto 2019, lo solicitamos el año pasado y no lo hicieron”.
“Fuimos al juez federal el día 17 de enero y le pedimos el amparo y protección de la justicia y como acto reclamado que el gobernador (Carreras) no nos haya propuesto al Congreso y que este no haya autorizado el presupuesto para le SEA, a esta solicitud de amparo le dieron entrada al tercer día, en el juzgado 7° de distrito con cabecera en Ciudad Valles”.
Con este amparo, reiteró, buscan que el juez federal le “ordene” al mandatario Juan Manuel Carreras, que el organismo sea incluido en el prepuesto 2019, “si eso sucede y el juez nos da la razón, tendrán que hacer todo un reacomodo de los recursos para destinar una partida al SEA”.
Lamentó que en la entidad, haya ganado la opacidad, la impunidad y la corrupción, ya que el Gobierno Estatal los mantiene “bloqueados” para que no salga a la luz pública, la serie de actos ilícitos que ejecutan con el dinero de los ciudadanos.
Los siete millones que piden los utilizarían, concluyó, en la renta de una oficina, la creación de la plataforma de información, el pago del secretario técnico y sus auxiliares, la adquisición de equipo, las convocatorias para conformar los comités municipales y otras actividades, como cursos y congresos, para promocionar el sistema con la ciudadanía y las instituciones.
