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La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, aprobó una reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para unificar para los tres años de las administraciones municipales, el 15 noviembre como fecha límite para hacer la entrega de los proyectos de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción.
Actualmente la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, establece que durante el primer año de una nueva administración, los Ayuntamientos deberán entregar con fecha del 31 de octubre, los proyectos de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, mientras que los dos años subsecuentes, lo harán el 1 de octubre.
Se busca que los ayuntamientos tengan más tiempo en los temas de actualización y se pueda abatir el rezago que existe en esta materia.
La iniciativa fue presentada por las y los diputados del grupo parlamentario del PVEM, Cecilia Senllace Ochoa Limón, Esther González Díaz, Roberto Ulices Mendoza Padrón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Martha Patricia Aradillas Aradillas, José Luis Fernández Martínez, Miguel Ángel Segura Méndez, Miguel Ángel López Salas, Marcela del Carmen de León Bernal; del grupo parlamentario del PT, diputado Salvador Isais Rodríguez; de Nueva Alianza, diputada María Claudia Tristán Alvarado, y la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.
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Esta iniciativa en su Artículo 78 plantea que en materia de catastro corresponde a los ayuntamientos proponer al Congreso del Estado a más tardar el 15 de noviembre de cada año, los proyectos de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción.
“En caso de no presentarlos en los términos referidos en el párrafo anterior y posterior, el Congreso autorizará como tales, los valores unitarios de suelo y construcción que hayan regido durante el año inmediato anterior”.
La sesión de trabajo de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal fue presidida por su presidente, diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, la vicepresidenta diputada María Claudia Tristán Alvarado, y el vocal diputado Edgar Alejandro Anaya Escobedo, quienes reconocieron que como parte de la discusión, análisis y aprobación del dictamen, fue necesario tomar en cuenta la opinión del Instituto Registral y Catastral del Estado.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, para su análisis y discusión.
