Indígenas Mazahuas dicen que no los dejan vender en callejón San Francisco

Diputados darán seguimiento a las denuncias hasta encontrar una solución

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

  · miércoles 11 de enero de 2023

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) / Foto: Juanita Olivo

Indígenas de adscripción Mazahua que tradicionalmente venden sus productos, principalmente artesanías, en el callejón del jardín de San Francisco en la capital del estado, acusaron al ayuntamiento de la Capital de no permitirles desarrollar sus actividades, no obstante que en algunos casos les hizo el cobro correspondiente.

Presentaron una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que está actuando en consecuencia y el asunto llegó también a la comisión legislativa de Derechos Humanos, donde en reunión de trabajo, se tomó el acuerdo de darle seguimiento hasta que haya una solución.

La denuncia fue presentada por Mauro Cruz Jiménez, Izabel Jiménez Cruz, Gregorio Jiménez Cruz, Adrián Cruz Antonio, Adela Mendoza Hernández, Juan Carlos Antonio Jiménez, Elvira Marcial Mendoza, Hilario Jiménez Cruz, Juan Oscar Morales Telles, Carina Marcial Mendoza, Yolanda Marcial Mendoza, Lucaria Jiménez Nemesio y Matilde Jimenez Nemesio.

Todos ellos son indígenas de adscripción Mazahua, y se tiene el acuse de recibido el día 8 de diciembre de 2022 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por actos de discriminación, abuso de autoridad, violencia contra la mujer y lo que resulte en contra de autoridades municipales como el presidente municipal Enrique Galindo y el director de Comercio Eduardo García.

Los comerciantes dieron a conocer en su denuncia que todavía el año pasado a algunos les recibieron el pago en las oficinas municipales pero ya no se les permitió trabajar, mientras que a otros definitivamente se les dijo que mejor no pagaran porque ya no podrían vender en ese sitio.

Las y los integrantes de la comisión legislativa expusieron que se trata de una situación delicada a la que le van a dar un seguimiento puntual, ya que el ayuntamiento debe dar a conocer las razonas fundadas de su decisión, además de conocer las medidas recomendadas por la CEDH.