Por un deficiente dictamen de necropsia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación a la Fiscalía General de San Luis Potosí.
La CNDH emitió la Recomendación 55/2019 dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como a las fiscalías de San Luis Potosí y Guanajuato debido a una detención arbitraria por parte de la Policía Federal, que derivó en el fallecimiento de una persona.
Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2015, cuando una mujer denunció que mientras circulaba en una carretera de Guanajuato policías le dispararon a su esposo y se lo llevaron en una patrulla, mientras que su hijo también fue detenido y llevado en otra unidad; posteriormente, el cuerpo de su esposo apareció en Villa de Reyes, San Luis Potosí.
La CNDH documentó exceso de uso de la fuerza por parte de los policías federales, así como detención arbitraria, además de que la entonces Procuraduría General de Justicia de Guanajuato no recabó testimonios, no citó a los policías implicados, no tomó evidencias de las cámaras de seguridad, entre otras irregularidades; mientras que la Procuraduría General de Justicia de San Luis emitió un dictamen de necropsia que no cumplió con el objetivo de determinar el intervalo post mortem, no realizó la descripción de los elementos necesarios para el estudio de lesiones y tampoco contribuyó a establecer las causas de defunción.
Debido, la CNDH estableció los siguientes puntos recomendatorios: a la Secretaría de Seguridad le solicita repare integralmente el daño a las víctimas; se les otorgue atención psicológica, tanatológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas. Además, colaborar con la denuncia y la queja que se presenten ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública contra los servidores públicos involucrados.
A los fiscales generales de Guanajuato y San Luis Potosí se les pide inscribir a las personas afectadas en el Registro Estatal de Víctimas; colaborar con la queja que se presente ante las instancias correspondientes para iniciar procedimiento de investigación administrativa contra el personal involucrado, y capacitar al personal sobre investigación criminal.