Como resultado de un escrupuloso protocolo de actuación, que diagnostica la integridad física y la propia vida de mujeres en peligro, este año se ha dado albergue a 27 usuarias.
Así lo confirmó la coordinadora general de los Centros de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí, Julieta Méndez Salas, quien detalló que “en lo que va de este 2018, nos hemos visto en la necesidad de albergar a cinco mujeres en San Luis Potosí, a 19 en Rioverde y a tres en Matlapa”.
La funcionaria estatal aseguró que sus necesidades básicas fueron cubiertas de manera totalmente gratuita, al tiempo de dar a conocer que, desde su creación, los tres Centros de Justicia para las Mujeres trabajan con modelo de atención que abarca el servicio de albergue temporal, con el fin de brindar y garantizar la seguridad de las usuarias de alto riesgo.
Explicó que al detectarse un caso así, se aplica el protocolo de protección para mujeres, donde se resguarda a usuarias en un albergue temporal ante una situación que pone riesgo su integridad física e incluso su vida.
La prioridad del Centro de Justicia, reiteró, es brindar un espacio seguro y confortable para la protección temporal de los casos mujeres en situación de violencia, con el objetivo de dar un tratamiento adecuado, informarlas del riesgo en que se encuentran, resguardar su seguridad y ante todo prevenir que puedan convertirse en victimas de feminicidio.
Los centros cuentan con servicios especializados en psicología para mujeres, sus hijas e hijos, atención médica, atención jurídica, gestiones de carácter social en favor de las mujeres ante las instituciones públicas y ayuda para que puedan empoderarse económicamente.
La coordinadora general de los Centros de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí añadió que además se cuenta con la colaboración de la Defensoría Pública bajo el mismo techo “a través de la cual se tramitan pensiones alimenticias, divorcios, custodias y demás trámites de carácter familiar que requieren más mujeres”.
Finalmente, Méndez Salas indicó que también interviene la Subprocuraduría especializada para la atención de delitos sexuales contra la familia y grupos vulnerables, para el caso de la recepción de denuncias e investigación de las mismas, concluyó.