/ miércoles 6 de noviembre de 2024

Caso Rich: Exfuncionarios municipales impugnan sanciones

Los sancionados promovieron un recurso de revocación, cuya resolución se conocería en breve

Los cuatro ex funcionarios municipales inhabilitados por presuntas omisiones que habrían derivado en la tragedia ocurrida en el antro “Rich”, impugnaron su sanción por lo que ese proceso iniciado por la Contraloría Interna del Ayuntamiento capitalino sigue vigente.

La titular de esa área, Gabriela López y López, reveló que los sancionados promovieron un recurso de revocación, cuya resolución se conocería en breve.

Como se dio a conocer, el ex Director de Comercio, Jorge García Medina; el ex Subdirector de Comercio, José Francisco Juárez, la ex Coordinadora de Actividades Comerciales, Ana Laura Gómez, y el ex jefe de inspectores, fueron separados de sus encargos poco antes de la conclusión del trienio 2012-2024.

Posteriormente, en octubre pasado se divulgó que fueron notificados por parte de la Contraloría Municipal de su inhabilitación por un término de entre seis y doce meses por omisiones en su actuación como servidores públicos en relación al trágico suceso ocurrido el antro “Rich” en plaza Alttus, en el poniente de la capital potosina, de lo que ahora se sabe promovieron un recurso de revocación.

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En junio pasado, como se recordará, el citado antro fue escenario de una tragedia cuando dos jóvenes que acudieron al citado establecimiento fallecieron al caer junto con varios más de un segundo piso, cuando un barandal de cristal y aluminio cedió ante la presión de un sobrecupo de asistentes.

Actualmente permanecen tres personas detenidas y vinculadas a proceso, siendo el propietario, la titular del permiso de alcohol y un colaborador, mientras que del Ayuntamiento capitalino se procedió a la citada sanción. Del gobierno estatal todavía se ignora si actuará por omisiones contra algún funcionario.

López y López citó que hasta el momento la Fiscalía General del Estado ni ninguna otra autoridad ha requerido alguna información del área a su cargo, pero aclaró que ella estará en posibilidades de facilitar el expediente hasta que no haya concluido totalmente el proceso interno que se lleva a cabo; aclaró que no hay plazos fatales pero “como todos los asuntos que se llevan en la Contraloría serán de manera diligente y expedita”.

Los cuatro ex funcionarios municipales inhabilitados por presuntas omisiones que habrían derivado en la tragedia ocurrida en el antro “Rich”, impugnaron su sanción por lo que ese proceso iniciado por la Contraloría Interna del Ayuntamiento capitalino sigue vigente.

La titular de esa área, Gabriela López y López, reveló que los sancionados promovieron un recurso de revocación, cuya resolución se conocería en breve.

Como se dio a conocer, el ex Director de Comercio, Jorge García Medina; el ex Subdirector de Comercio, José Francisco Juárez, la ex Coordinadora de Actividades Comerciales, Ana Laura Gómez, y el ex jefe de inspectores, fueron separados de sus encargos poco antes de la conclusión del trienio 2012-2024.

Posteriormente, en octubre pasado se divulgó que fueron notificados por parte de la Contraloría Municipal de su inhabilitación por un término de entre seis y doce meses por omisiones en su actuación como servidores públicos en relación al trágico suceso ocurrido el antro “Rich” en plaza Alttus, en el poniente de la capital potosina, de lo que ahora se sabe promovieron un recurso de revocación.

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En junio pasado, como se recordará, el citado antro fue escenario de una tragedia cuando dos jóvenes que acudieron al citado establecimiento fallecieron al caer junto con varios más de un segundo piso, cuando un barandal de cristal y aluminio cedió ante la presión de un sobrecupo de asistentes.

Actualmente permanecen tres personas detenidas y vinculadas a proceso, siendo el propietario, la titular del permiso de alcohol y un colaborador, mientras que del Ayuntamiento capitalino se procedió a la citada sanción. Del gobierno estatal todavía se ignora si actuará por omisiones contra algún funcionario.

López y López citó que hasta el momento la Fiscalía General del Estado ni ninguna otra autoridad ha requerido alguna información del área a su cargo, pero aclaró que ella estará en posibilidades de facilitar el expediente hasta que no haya concluido totalmente el proceso interno que se lleva a cabo; aclaró que no hay plazos fatales pero “como todos los asuntos que se llevan en la Contraloría serán de manera diligente y expedita”.

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