Caso Rich: 4 ex funcionarios municipales fueron inhabilitados para el servicio público

Sanciones de inhabilitación de entre seis y doce meses impuso la Contraloría Interna Municipal a cuatro ex funcionarios de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino, por omisiones en su actuación como servidores públicos en relación al tráfico suceso ocurrido el antro “Rich” en plaza Alttus, en el poniente de la capital potosina.

La dependencia, a cargo de Gabriela López y López, notificó el fin de semana a los señalados el resultado del procedimiento administrativo sancionador, pero fue hasta este martes que se dio a conocer públicamente.

Los funcionarios sancionados son el ex Director de Comercio, Jorge García Medina; el ex Subdirector de Comercio, José Francisco Juárez, la ex Coordinadora de Actividades Comerciales, Ana Laura Gómez, y el ex jefe de inspectores.

Los cuatro exfuncionarios recibieron inhabilitaciones de entre seis y doce meses, por lo que no podrán desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y no podrán participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Al respecto, el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos citó que ha estado reuniéndose y se sigue reuniendo con familiares de los dos jóvenes que perdieron la vida en el antro “Rich”, a los que inclusive les dio a conocer las sanciones de la Contraloría.

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Los citados funcionarios fueron separados de sus cargos en septiembre pasado, antes de que concluyera la administración municipal 2021-2024, en apego estricto a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, pero fue hasta el pasado fin de semana que se les notificó de la sanción que acordó la contralora municipal.

El 7 de junio de este año, dos jóvenes que acudieron al citado establecimiento fallecieron al caer junto con varios más de un segundo piso, cuando un barandal de cristal y aluminio cedió ante la presión de un sobrecupo de asistentes; actualmente permanecen tres personas detenidas y vinculadas penalmente, siendo el propietario, la titular del permiso de alcohol y un colaborador.

Galindo Ceballos mencionó que todo el procedimiento realizado por la Contraloría Municipal fue del conocimiento de los familiares a los que se les facilitó copia de los expedientes. “Los familiares son los interesados de manera directa y jurídicamente del caso”, indicó.