El caso de la señora Florina Hernández Pérez, propietaria de un predio que la empresa META, utiliza para terminar un proyecto carretero, fue turnado a la Procuraduría General de la República (PGR); la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), negó haber autorizado a la compañía constructora la ocupación del inmueble.
Lo anterior lo señaló la afectada, quien explicó que este terreno con una extensión de 4 mil metros, le fue heredado de sus antepasados; la primera escritura data de 1918; "quiero que se salgan de mi propiedad, META se metió ilegalmente, sin avisar, vamos a luchar hasta donde se pueda para que me regresen mi predio".
Mediante oficio la SCT federal negó haber autorizado a la empresa META la ocupación del inmueble propiedad de Florina Hernández Pérez en San José de Buenavista. Después de varias solicitudes, la dependencia respondió mediante el oficio 6.23. 413.1092.2013 firmado por Antonio Toranzo Díaz de León, responsable del Área Jurídica de la Secretaría, respecto a las peticiones de fecha 26 de Noviembre y 17 de diciembre de este año, donde niega haber autorizado la liberación y ocupación del terreno, explicó.
Hernández Pérez manifestó, "no voy a vender mi terreno, mejor me espero a que el Tribunal Agrario resuelva el asunto. Sin embargo y por haberse violado una medida cautelar de este mismo tribunal, el órgano jurisdiccional pedirá a la Procuraduría General de la República conocer de una carpeta de investigación con la afirmación de SCT, no se podrá invocar causas de utilidad pública".
META argumenta actuar respecto a la construcción de la interconexión, Avenida Horizontes en relación del desdoblamiento del Libramiento Poniente y que hizo un convenio extrajudicial invocando dicha obra; Hernández Pérez, señaló que es abuso de autoridad.
Las licencias de funcionamiento y construcción y el uso de la fuerza pública quedan sin sustento y el asunto se convierte en una invasión, detalló el asesor de la afectada, Carlos Covarrubias.
“Ya está la denuncia en PGR, la carpeta federal de investigación, porque el mismo Tribunal Agrario, en los acuerdos cuando determinan que hay una violación de suspensión la recomendación es ir a la autoridad federal, para que haga la investigación, la PGR va a tener que investigar el origen de la posesión asumida por la empresa”.