Tras haber recibido 4,000 millones de pesos del Ramo 33 para este 2020, los ayuntamientos deben convocar a los consejos de desarrollo, definir las obras y acciones a ejecutar y apegarse a los lineamientos para su ejecución o de lo contrario, incurrirán en irregularidades que serán sancionadas conforme a la ley, advirtió la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Rocío Cervantes Salgado.
Estos recursos van a ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o por la ASE hasta que se presenten las cuentas públicas 2020 el próximo año, pero desde ahora los alcaldes saben los pasos a seguir para su ejecución. El 15 de Marzo vence el plazo para la entrega de las cuentas del 2019 y la ASF ya definió las que revisará y las que no, corresponden a la ASE, ya que tiene prioridad en la fiscalización por ser instancia federal.
Cervantes Salgado explicó que la ASF hace un programa selectivo de obras y acciones y ya publicó las auditorías que eligió del ramo 33 para todo el país del 2019; en el caso de San Luis revisará San Luis capital y Ciudad Valles del ramo 28 y de infraestructura San Luis y Tamazunchale. Del Ejecutivo revisarán todo el Ramo 33. Todo lo demás será auditado por la ASE.
Del 2018 están los informes presentados del Ramo 33 y las irregularidades detectadas están en proceso de desahogo y pueden ser aclaradas mientras que de 2017, hay expedientes turnados al jurídico para enviar a la autoridad y se conviertan en carpetas de investigación, lo que indica que sí hay consecuencias por el mal uso de los recursos federales y se está a la espera del resolutivo final.
Rocío Cervantes añadió que el ramo 33 en base a la Ley de Coordinación y a la Ley de Recursos Transferidos establece la priorización de obras, es decir, que el consejo municipal elige las obras que van a promover bajo ciertos perfiles como el abatimiento de la pobreza; para ello hay lineamientos específicos y es dinero que no se puede desviar para nada, mucho menos para pago de sueldos.
Expuso que esas obras deben ser publicadas en las plataformas de los ayuntamientos, comunicarlas al consejo de desarrollo municipal, a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, una vez que sean votadas en el Consejo mencionado, es decir, hay una serie de candados que se aplican y es lo que deberá observarse en esos 4,000 millones de pesos que se entregaron a los 58 ayuntamientos recientemente.