El exgobernador, Juan Manuel Carreras López, engañó a las y los potosinos pues mintió al decir que entregaba instalaciones dignas y equipadas en el Hospital Central.
Si este Centro Médico no se concreta con la ayuda del gobierno federal conforme a lo planeado, podríamos recuperarlo con dinero del estado; los presuntos responsables pagarán por su omisión e irresponsabilidad y caerá quien deba caer.
Así lo afirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien refrendó su compromiso con la ciudadanía, por poner en funcionamiento “el mayor monumento de la herencia maldita”.
El mandatario estatal consideró que el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” debe ser culminado en su totalidad y brindar la atención médica y hospitalaria que demanda la población potosina.
Hay un acuerdo con autoridades federales al respecto, dijo, ya se gestiona su equipamiento y abastecimiento de medicinas, al ser el rescate del sector salud un adeudo con San Luis Potosí desde el inicio del nuevo Gobierno.
Refirió que hay un compromiso por parte del Instituto de Salud para el Bienestar para que en un lapso de 60 días se dé un cambio en la administración completa de este nosocomio, “el cual luce bien por fuera, aunque por dentro está vacío, sin mobiliario, sin personal y sin medicamentos, un autentico elefante blanco, un hospital que simplemente no sirve”.
Calificó como lamentable que el anterior mandatario estatal haya engañado a las y los potosinos “y que no haya trabajado para entregar instalaciones dignas y acordes a lo anunciado, hay una gran preocupación de este gobierno por hacer del Hospital Central un Centro Médico 100% funcional y que dé servicio a las cuatro regiones.
De ser necesario, reiteró, Gobierno del Estado estaría dispuesto a destinar recursos públicos propios para echarlo a andar, “tenemos que trabajar juntos con Insabi, el medicamento que nos deben dar no lo hay, existe trabajo y empeño pero no es suficiente”.
Finalmente, Gallardo Cardona confirmó que se encuentran en proceso las denuncias que se presentarán de manera formal, por las anomalías halladas en el manejo financiero del Hospital, “lo cual significó una atención reducida, violatoria al derecho a la salud de las personas, con lo cual se pretende que las y los presuntos responsables paguen por su omisión e irresponsabilidad”.