Un total de 34 Cabildos aprobaron la reforma constitucional en materia de fiscalización, lo que da luz verde a la Ley de Fiscalización del Estado que crea el Instituto de Fiscalización Superior del Estado para sustituir a la Auditoría Superior del Estado, entre otras innovaciones a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Por tratarse de artículos que reforman la Constitución Política del Estado, el dictamen tuvo que enviarse a los 58 Cabildos del estado que conforman el Constituyente Permanente, para que al menos 30 de ellos dieran el visto bueno, por lo que, una vez alcanzada 34 aprobaciones, se turnó al Pleno del Poder Legislativo para llevar a cabo la declaratoria de validez.
La desaparición de la ASE y la creación del Instituto Superior de Fiscalización, tiene el objetivo de fortalecer el marco de acción que se confiere al Órgano Técnico a nivel constitucional y legal, que impulse a los Poderes del Estado, gobiernos municipales, organismos constitucionales autónomos y demás entidades fiscalizadas a hacer un mejor uso de los recursos a su disposición.
El diputado René Oyarvide Ibarra presidente de la Comisión de Vigilancia, expuso que “con esta nueva Ley de Fiscalización, San Luis Potosí está un paso adelante y vamos a ser pioneros en el manejo y la observación de los recursos públicos”.
Dijo que San Luis Potosí tendrá una vigilancia más completa en cuanto a los recursos públicos y en que, el Instituto Superior del Estado pueda llevar a cabo la verificación de las cuentas públicas de todos los entes auditables del estado de San Luis Potosí y los autónomos.
La convocatoria para elegir a la persona titular será emitida en breve y entre las adecuaciones se establece que, será alguien que no haya ocupado el puesto de Gobernador, Senador, Diputado Federal o Local, Síndico, Regidor, Presidente Municipal, Contralor, entre otros. También se establece un periodo de 9 años en el cargo.
La nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado contiene una simplificación del procedimiento para la presentación de la Cuenta Pública por parte de las entidades fiscalizadas, así como de la presentación del Informe General e Informes Individuales por parte del Instituto de Fiscalización Superior al Congreso del Estado, además de la implementación de la revisión y fiscalización en tiempo real del ejercicio fiscal en curso, entre otros aspectos.