Alrededor de 5 mil familias asentadas en la comunidad de San Juan de Guadalupe, viven sin certeza jurídica de sus casas pese a que en 1993 se emitió un decreto para regularizar la zona, indicó Federico de la Torre Rodríguez, delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
El funcionario federal indicó que en 1993 la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) expropió una superficie de 232 hectáreas que abarcan de la General I. Martínez, la Apostólica, hasta dos cuadras antes del Hospital del Niño y la Mujer, sin embargo ese decreto nunca se ejecutó.
Explicó que en el decreto se estableció que se debía indemnizar con 5 millones de pesos a la comunidad de San Juan de Guadalupe, pero el decreto “no se ejecutó porque la comunidad quería un poco más por esa superficie de 232 hectáreas, entonces se pasó el tiempo, luego vinieron amparos de algunos comuneros, luego alguien más puso una demanda, esas demandas propiciaron que se postergara la ejecución de decreto”.
Manifestó que en esa zona habitan alrededor de 5 mil familias que siguen sin tener certeza jurídica de sus viviendas, por lo que se buscará ejecutar finalmente ese decreto este año, “hoy hay condiciones para poder ejecutar el decreto, con la nueva mesa directiva (de la comunidad) hemos platicado la posibilidad de poder ejecutarlo”.
De la Torre Rodríguez mencionó que para ejecutar el decreto habría que pedir un avalúo al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para actualizar el monto de la indemnización para los comuneros.
Cabe recordar que en el proyecto planteado por comuneros de San Juan de Guadalupe, alternativo al desarrollo habitacional en la comunidad, se encuentra la regularización de viviendas a través de la ejecución de dicho decreto.
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