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El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) concluyó positivamente el Programa de Infraestructura Indígena de 2018, que tuvo una inversión de 83.1 millones de pesos para la ejecución de 30 obras, informó su titular, Raúl de Jesús González Vega, quien explicó que ya es encuentran en operación 7 de las mismas.
Al abundar en el tema ante medios de comunicación, el funcionario dijo que de las 30 obras, 18 son de agua potable, un camino y once drenajes, y las que no están en operación se debe a que son por etapas y deberán ser continuadas, los recursos asignados ya fueron ejecutados y las obras finalizadas al cien por ciento.
comentó, desde el año 2015 se han auditado los recursos asignados a esta dependencia, al igual que los de 2016 y 2017, sin tener observación alguna al respecto; en marzo próximo, se podría comenzar la auditoría de los recursos de 2018.
Sobre el programa de capacitación y asesoría que realiza el INDEPI, manifestó que durante el año pasado se realizaron 15 talleres para prevenir la violencia en las comunidades indígenas, mientras que en capacitación legislativa y derechos humanos en materia indígena, se realizaron 145 sesiones en las mismas comunidades, no en las cabeceras municipales; además de temas como la autonomía, la autodeterminación y la participación de las comunidades y pueblos indígenas.
Al realizar un recuento de lo realizado por el Instituto, González Vega reveló que por primera vez en San Luis Potosí, se ha apoyado a los 24 municipios con población indígena para las consultas directas a las asambleas para el nombramiento o ratificación de los responsables de la dirección de asuntos indígenas en cada ayuntamiento, y a esta fecha, sólo queda un solo municipio, Tampamolón, por realizar el proceso.
Dentro del plan integrado para consultas, mencionó las consultas realizadas en temas como el uso de semilla transgénica, que aún no arroja resultados, pero es casi seguro que no se utilicen en el estado; y el tema de la extracción de hidrocarburos por método no convencional o fracking, que también fue rechazado; así como la redacción de dos protocolos en materia de educación y salud, ya finalizados; y aún queda pendiente, por su complejidad, el de territorialidad.
Al ser cuestionado sobre las solicitudes de la comunidad de Huichihuayán y el Ejido la Palma para su municipalización, el funcionario aseveró que el gobierno del estado no puede tener participación en el proceso, y los habitantes deben ponerse de acuerdo primero en lo que quieren, sin embargo, reconoció que sí hay necesidades apremiantes en las comunidades como las vías y medios de comunicación.
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