La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) avaló que ante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí cumple con lineamientos solicitados por esa institución, al tomar las providencias necesarias a efecto de que existan juzgados en guardia en los distritos judiciales, que permitan la tramitación urgente de cuestiones relacionadas a una vida libre de violencia y acceso a la justicia para las mujeres.
Las guardias que se mantienen en los Juzgados Familiares atienden la tramitación urgente de asuntos relacionados con actos prejudiciales relativos a separación provisional de cónyuges; separación cautelar de personas y depósito de menores; medidas cautelares que importen riesgo hacia los menores de edad e incapaces, así como aquellas en protección de víctimas de violencia familiar; órdenes de protección; y demandas de juicios de alimentos, así como la consignación y entrega de billetes de depósito que deriven de tales procesos.
Además, como una medida que privilegia el derecho a la salud y conforme se contempla en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Consejo de la Judicatura determinó que en colaboración con los servidores públicos de las instituciones participantes, como son la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), se puedan llevar a cabo audiencias virtuales con el uso de videoconferencias, siempre y cuando las condiciones tecnológicas así lo permitan.
Por otra parte, la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ha encabezado reuniones con funcionariado de la Fiscalía General del Estado, de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, de la Coordinación General de Medidas, Preliberaciones y Sanciones Restrictivas de la Libertad y Jueces de Control, para la revisión de los protocolos de seguridad y la definición de nuevas medidas durante la etapa de contingencia por COVID-19, desde el procedimiento de detención de imputados, hasta el desarrollo de audiencias presenciales en los Centros de Justicia en el Estado.