La diputada Marite Hernández Correa dijo que los 58 ayuntamientos deben trabajar en la prevención del castigo corporal y la promoción de modelos de crianza positiva, protección integral y prevención de la violencia, dirigida a padres, madres y cuidadores, tutores y quienes tengan la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en todos los contextos donde se desarrollen.

Para establecer acciones en ese sentido el Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo a fin de evitar o erradicar los llamados “chanclazos” o “cascorrones” que son comunes en los hogares como actos disciplinarios.

Se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a sus homólogas en los 58 municipios; así como a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para promover espacios de sensibilización con autoridades estatales y municipales para acelerar la prohibición explícita del castigo corporal y humillante como método de disciplina y correctivo en todos los ámbitos, así como de coordinar acciones de sensibilización social en la Entidad y los Municipios para la prevención del castigo corporal y la promoción de modelos de crianza positiva dirigida a padres, madres y cuidadores, tutores y quienes tengan la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes.

En la exposición de motivos de este exhorto, se indica que es obligación de los tres niveles de gobierno y de las autoridades encargadas de la restitución y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, adoptar las medidas y herramientas necesarias para poder prevenir, atender y erradicar cualquier situación de violencia que atente contra estos mismos.

Agrega que es importante que todas las autoridades se vean involucradas y comprometidas, con el fin de garantizar que estos se desarrollen fuera de los ambientes de violencia que afecte su libre desarrollo de la personalidad.

Además de concienciar a la población sobre la prohibición, es menester hacer una promoción intensa de los métodos disciplinarios positivos, no violentos y participativos, y a educar sobre las consecuencias negativas del castigo corporal de los niños. Esto puede llevarse a cabo de una manera oficial y oficiosa, en todos los puntos de contacto entre familias y los profesionales que trabajan con y para los niños, incluso en entornos pre y postnatales, centros pre-escolares, escuelas y bibliotecas, y en todos los servicios sociales y comunitarios.