Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado, iniciaron la revisión de la propuesta enviada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, que insta reformar el artículo 64 en su fracción I de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí a fin de establecer la gratuidad de las placas vehiculares, informó el diputado presidente Roberto Ulises Mendoza Padrón.
Acordaron decretar un receso para reiniciar los trabajos el próximo lunes, a fin de allegarse toda la información sobre impacto presupuestal, situaciones específicas en las que la entrega de las placas será gratuita y otras dudas que surgieron por parte de los integrantes, las cuales serán planteadas a las instancias correspondientes como la Secretaría de Finanzas.
Los integrantes de la comisión establecieron que uno de los objetivos de esta iniciativa de carácter preferente, tiene que ver con la necesidad urgente del estado de tener un padrón actualizado de vehículos, motocicletas, motonetas y ómnibus, que ayudará a mejorar las estrategias en materia de seguridad.
Expusieron que la gratuidad en las placas fue una demanda que recibieron los legisladores y el propio gobernador del estado durante sus recorridos por parte de los ciudadanos, luego de 23 años en que se les ha cobrado este derecho sin que los beneficios se vean en reparación de calles, nuevas vialidades, programas de salud, educación o seguridad.
Sin embargo, dijo el diputado Mendoza Padrón, las y los legisladores expusieron varias dudas que se consultarán con las autoridades de Finanzas en cumplimiento de la técnica legislativa, para que el dictamen esté completo cuando sea presentado al pleno, una vez que se apruebe en la Comisión de Hacienda que se reunirá el próximo lunes.
En la reunión de trabajo se votó un dictamen que resuelve improcedente la iniciativa que busca adicionar el título séptimo “ingresos extraordinarios” con los artículos 124 y 125 de la Ley de Hacienda para el Estado. También se votaron varios asuntos donde se acordó pedir la opinión a la Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y la JUCOPO del Poder Legislativo, para determinar si tienen o no viabilidad.