La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) someterá a revisión la solicitud de la elaboración de una acción de inconstitucionalidad para dos decretos que fueron publicados el miércoles 7 de junio del presente en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, misma que promovieron personas con discapacidad.

Se trata de los decretos número 0769, que reforma el artículo 40 en su fracción I; y deroga del artículo 11 la fracción XVIII, de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí y el número 0768 por el que se deroga el Título Primero, el Capítulo IV “De la Familia de los Usuarios” y el artículo 4º Bis, de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí y de los cuales resultó una consulta.

Así lo señaló la presidenta de este órgano, Giovanna Argüelles Moreno, quien además indicó que pase a qué tanto la CEDH, como colectivos participaron en la elaboración de la consulta que resultó de estas reformas, nuevamente intervendrán par determinar si se cumplieron o no los lineamientos.

"Yo creo que tendremos que analizarlo, y voy a reunirme con ellas y con ellos y ya de ahí determinar una toma de desición", dijo.

Asimismo informó que , el plazo para poder definir si procede o no esta solicitud de acto de Inconstitucionalidad , es de un mes.

"Para responder tenemos un plazo de un mes, esto se vencería el 7 de julio, entonces todavía estamos en temporalidad de darles una respuesta, sobre todo porque hay una inquietud de las personas con discapacidad de tener una reunión y poder darle agilidad ".

Argüelles Moreno señaló que lo primordial para la CEDH, es que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta y se atiendan su inquietudes, pero sobretodo que cubra todas las aristas de este tema.

Sobre este mismo tema, integrantes del Colectivo Unidos por la Salud Mental (Cusame) y Cuidadoras Potosinas señalaron estar en contra de la solicitud de acción de inconstitucionalidad, la cual podría invalidar consulta y reformas en materia de personas con discapacidad mental.

De la cual señalaron, sería un gran retroceso, pues dejaría en estado de indefensión a las personas con discapacidad mental y a sus familias como cuidadores primarios, por lo que hicieron un exhorto a la CEDH, para que pueda tomar su opinión y posicionamiento en cuenta, antes de emitir una resolución sobre esta solicitud.

"Le quita la corresponsabilidad al Estado en cuanto al tema del trabajo de cuidados, vuelve a ser la familia la responsable del mantenimiento, cuidado y vida de los mismos solamente", apuntaron.