/ lunes 11 de noviembre de 2024

Asignarían hasta 300 mdp de presupuesto a seguridad en San Luis Potosí para 2025

Los recursos se utilizarían para la instalación de arcos detectores y cámaras de videovigilancia en carreteras, detalló Nohemí Proal Huerta

La prioridad del gobierno estatal en materia de seguridad es robustecer el tema de tecnología, en 2025 habrá mayor inversión federal para seguridad en San Luis Potosí, 300 millones de pesos.

Así lo confirmó la titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nohemí Proal Huerta, quien anunció que se proyectan más arcos detectores y cámaras de videovigilancia en carreteras y puntos estratégicos.

La expectativa es que la Federación asigne a la entidad, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), poco más de 300 millones de pesos, detalló.

En 2023 nuestra entidad recibió 290 millones de pesos provenientes de los fondos FASP y FOFISP para la seguridad pública; además, para 2024 logró obtenerse una partida extraordinaria a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

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Aunque los programas y proyectos específicos se definirán en febrero próximo, la prioridad del gobierno estatal será robustecer el ámbito tecnológico, reiteró, la inversión principal se destinará a la ampliación de la red de arcos detectores en carreteras, así como al fortalecimiento del sistema de videovigilancia, mediante cámaras instaladas en puntos estratégicos del estado de acuerdo con un diagnóstico basado en la incidencia delictiva.

Adelantó que esta misma semana se reunirá con la nueva titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México, con el objetivo de delinear la coordinación con el gobierno federal y presentar un primer esbozo de los proyectos para San Luis Potosí.

Finalmente, la funcionaria estatal explicó que los fondos FASP y FOFISP son los principales instrumentos de financiamiento destinados a instituciones de seguridad y procuración de justicia, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal, entre otras.

La prioridad del gobierno estatal en materia de seguridad es robustecer el tema de tecnología, en 2025 habrá mayor inversión federal para seguridad en San Luis Potosí, 300 millones de pesos.

Así lo confirmó la titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nohemí Proal Huerta, quien anunció que se proyectan más arcos detectores y cámaras de videovigilancia en carreteras y puntos estratégicos.

La expectativa es que la Federación asigne a la entidad, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), poco más de 300 millones de pesos, detalló.

En 2023 nuestra entidad recibió 290 millones de pesos provenientes de los fondos FASP y FOFISP para la seguridad pública; además, para 2024 logró obtenerse una partida extraordinaria a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

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Aunque los programas y proyectos específicos se definirán en febrero próximo, la prioridad del gobierno estatal será robustecer el ámbito tecnológico, reiteró, la inversión principal se destinará a la ampliación de la red de arcos detectores en carreteras, así como al fortalecimiento del sistema de videovigilancia, mediante cámaras instaladas en puntos estratégicos del estado de acuerdo con un diagnóstico basado en la incidencia delictiva.

Adelantó que esta misma semana se reunirá con la nueva titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México, con el objetivo de delinear la coordinación con el gobierno federal y presentar un primer esbozo de los proyectos para San Luis Potosí.

Finalmente, la funcionaria estatal explicó que los fondos FASP y FOFISP son los principales instrumentos de financiamiento destinados a instituciones de seguridad y procuración de justicia, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal, entre otras.

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