- En septiembre de 2022 el gobernador Ricardo Gallardo prometió pena de muerte a feminicidas y mutilación a violadores, tras crimen de “Chuyita”
- En Abril de 2023, presentó iniciativa que será sometida a consulta pública; se encuentra en comisiones legislativas desde el jueves pasado
El brutal e incalificable crimen de Chuyita, una adolescente de 14 años de edad, en Villa de Arista, desató la indignación de un pueblo, un estado y de su gobernador, que prometió pena de muerte a feminicidas y “capar” a los violadores en San Luis Potosí, para tratarlos como “animales garañones”.
De septiembre de 2022 a abril de 2023, la iniciativa que envió al Congreso del Estado para reformar el Código Penal quedó en aplicar la castración química a violadores y será sometida a Parlamento Abierto, es decir, a consulta ciudadana ante pronunciamientos en contra de defensores de derechos humanos.
La estudiante desapareció el 14 de Septiembre cuando iba de la comunidad Derramaderos a la cabecera municipal de Villa de Arista; sue cuerpo apareció un día después en los baños de la unidad deportiva, con huellas de asfixia y violencia sexual. Ello generó protestas en la ceremonia del “Día del Grito”, donde estaba el alcalde priísta Bernabé Mares Briones. Luego hubo varias marchas de protesta.
El 20 de septiembre, en su cuenta de Facebook, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), visiblemente molesto hizo pública su postura: enviaría una iniciativa de reforma al Código Penal para “que se aplique la pena de muerte a los feminicidas y la castración para violadores; los vamos a capar”, prometió.
“Casos así seguirán ocurriendo si no se aplica mano dura, los violadores son como animales garañones”. El gobernador dijo que no le importa lo que digan defensores de derechos humanos. “Estamos enviando una iniciativa al Congreso local donde vamos a exigir, no a pedir, que capemos, en San Luis Potosí, a capar a todos los violadores. Ya no queremos violadores en San Luis Potosí. Y como aquellos que asesinan, también pedir su pena de muerte”.
Gallardo Cardona fue más allá: “cuando los animalitos no hacen caso y están haciendo mal uso, sobre todo los garañones, los animalitos garañones, se les capa y dejan de hacerlo. En el tema de los humanos pareciera que también son animales, porque no se saben comportar, de estar violando niñas y niños. Eso en San Luis Potosí ya no se va a permitir”.
Posteriormente, en “la mañanera” del 22 de septienbre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no entrar en polémica sobre la propuesta del gobernador potosino de pena de muerte para feminicidas: “no opino, porque eso tiene que ver más con el sensacionalismo, con el amarillismo y con la politiquería, entonces no me meto en eso. Yo no contesto, no caigo en ninguna provocación, es amor y paz".
Aún sin ser enviada la iniciativa, en octubre del año pasado, vino la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a través del secretario ejecutivo Juan Manuel Frías Sánchez, quien aseguró que “la propuesta de la castración química va en contra del orden jurídico mexicano y de tratados internacionales en derechos humanos”.
“El marco jurídico del país siempre le ha apostado a la prevención y la readaptación social, y están prohibidos los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del estado, y eso incluye sanciones como la propuesta, que implica la mutilación del organismo”.
México, dijo, está suscrito a tratados internacionales en materia de derechos humanos que igualmente prohíben este tipo de sanciones. Por ello, señaló que en caso de que el Congreso del Estado siga adelante con esta propuesta, la CEDH sugiere que realice mesas de trabajo en las que se le tome en cuenta al organismo autónomo, para intervenir desde la preparación de la iniciativa.
Por su parte, la diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, recordó que la iniciativa de castración a violadores y pena de muerte para feminicidas ya había sido presentada en el 2020 en el Congreso de la Unión por Ricardo Gallardo Cardona, cuando era diputado federal, “pero no procedió debido a la inconstitucionalidad, a todas luces obvia”.
Finalmente, tras consultar con diversos sectores, el gobernador del estado Ricardo Gallardo envió al Poder Legislativo la iniciativa de reforma al Código Penal que se presentó el pasado 20 de abril de este 2023 en la sesión ordinaria, sólo para la castración química a violadores.
En la tribuna, el líder del PVEM diputado José Luis Fernández, pidió a la Directiva y a las Comisiones dictaminadoras, que se convoque a un gran Parlamento Abierto para discutir a través de foros y consultas la iniciativa, que aumenta los mínimos y máximos de las penalidades del delito de violación, así como adicionar la medida de seguridad el uso de tratamiento médico mediante el uso de fármacos, y terapia psicológica y/o psiquiátrica, conocido como castración química.
Para el análisis se abrirán ciclos de foros y consultas para invitar a los académicos, a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial y representantes de los colectivos defensores de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos para discutir esta iniciativa.
Se propone un aumento importante en las sanciones en contra de quien cometa el delito de violación. Actualmente la ley establece una pena de 3 a 8 años de prisión a quien cometa este delito, la propuesta es que aumente de 10 a 20 años de prisión.
“Si logramos una norma que incluya el uso de sustancias hormonales para inhibir este delito lograremos estar a la vanguardia y a la altura de países de primer mundo. Esta no es idea descabellada, ya opera en otros países, existe un modelo en España y en Francia y, en Estados Unidos de Norteamérica lo utilizan como una medida de control en las penitenciarías”, puntualizó el líder de la bancada Verde en el Congreso local.
De acuerdo con conteos de información oficial, se han registrado 13 feminicidios en San Luis Potosí durante lo que va de este 2023. Actualmente, la iniciativa se encuentra en las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Salud y Asistencia Social e Igualdad de Género.
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