La Auditoría Superior del Estado no detendrá el proceso de desahogo de cuentas públicas 2017, no obstante la decisión de la LXII Legislatura de echar abajo la aprobación de los informes que hicieron los anteriores diputados, porque así lo establece la ley, adelantó la titular contadora Rocío Cervantes Salgado.
Dijo que es necesario seguir trabajando de manera coordinada con los diputados porque la ASE es un órgano técnico que depende del Poder Legislativo, sin embargo, “nosotros seguimos con los procedimientos de auditoría independientemente de lo que ellos hayan decidido y esperamos que se cumpla el plazo de 30 dias para que los entes auditados desahoguen”
La titular de la ASE especificó que la ley establece que los diputados revisaron los dictámenes de informes pero no dice nada sobre que los contenidos sean improcedentes, de tal manera que “seguiremos los procesos y los haremos válidos porque ya están notificados y hay que esperar la resolución y seguir la fiscalización en su curso normal”.
Destacó que hubo un cambio en la ley porque antes había que esperar a que el Congreso definiera si era procedente o no pero en este momento la ley está homologada y se sigue con el proceso de fiscalización, de tal manera que lo que determine el Poder Legislativo es solamente cuestión de los diputados y nada más.
Cervantes Salgado añadió asimismo que ya recibió una denuncia de la organización Ciudadanos Observando para investigar a ex diputados sobre un presunto quebranto a las finanzas del Poder Legislativo, de tal manera que se integrará la carpeta, se obtendrán los resultados y se informará a los interesados.
Sin embargo, primero se deben cumplir ciertos procedimientos, la promoción, el desahogo y finalmente determinar si hay sanciones, por lo que solamente cuando hay una inhabilitación se incluye a la persona en el lista correspondiente, pero eso depende de las sanciones que se pudieran determinar en un momento.
La funcionaria expuso que la Ley General de Responsabilidad determinar el tipo de sanción dependiendo de las faltas y aclaró que quien sanciona no es la Auditoría Superior del Estado sino la Fiscalía Anticorrupción.
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