El operativo Antialcohol es anticonstitucional, pues contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución Mexicana, señaló Huitzilihuitl Ortega Pérez, presidente de la Asociación Potosina de Abogados (APA).
Este fin de semana el Ayuntamiento puso en marcha el operativo antialcohol bajo la justificación de disminuir los accidentes viales ocasionados por conducir en estado de ebriedad, al respecto, el presidente de los abogados señaló que este tipo de operativos es “es un tema violatorio de garantías, nada más que estamos muy acostumbrados a él; desgraciadamente la incidencia de accidentes por el uso y abuso del alcohol han provocado y han incitado a la autoridad municipal a regresar con esos operativos disuasivos”.
Explicó que en sí, la aplicación de filtros en las calles, es anticonstitucional, ya que se violentan los artículos 14 y 16, referentes a que ningún ciudadano puede ser molestado en su persona o detenido, sin mandamiento judicial, “no es posible que tomen ellos las calles, cierren la circulación y se moleste a la ciudadanía, tendría que ser una infracción de tránsito por la cual detengan a una persona, se lleve a cabo el protocolo y alguna certificación”.
Aunado a ello, señaló que este tipo de operativos “de pronto se presta a corruptelas, a malos manejos y a caja chica para algunos perniciosos”, por lo que sugirió que si continúa la aplicación del operativo, no se apliquen sanciones, e incluso, que se haga público para que la ciudadanía pueda constatar que no hay corrupción ni fines recaudatorios en dicho operativo.
Hay varias herramientas que nos pueden ayudar hoy en día, yo creo que si hacen público el operativo antialcohol, si lo transmiten en vivo, probablemente podríamos ser testigos que no existen atropellos ni corrupción a la ciudadanía, sino que se busca que quien toma el volante no se encuentre bajo los efectos del alcohol
En el ámbito legal, Ortega Pérez señaló que si bien al momento de la detención en el operativo no hay mucho qué hacer, el ciudadano puede recurrir posteriormente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular estos actos de autoridad.