San Luis Potosí (OEM-Informex).- Reducir la edad penal a 16 años sería una buena medida ante la “precocidad delictiva” que se vive en el país y la impunidad que ello genera, señalaron los diputados Eduardo Izar Robles y Martha Orta Rodríguez, mientras que Ricardo García Melo afirmó que es una encrucijada que debe ser analizada a fondo antes de tomar la decisión.
El legislador del Partido Conciencia Popular Eduardo Izar Robles señaló que un ejemplo es el estupro que ahora se sanciona a los 16 años cuando antes era a los 18, porque entendieron que a esa edad podría comenzar la libertad sexual pero con esa misma precocidad se adaptan al delito en estos tiempos, ya que delinquen porque los cooptan con facilidad por falta de empleo, de educación y de muchas factores.
Consideró que hay mucha facilidad para que un joven cometa infinidad de delitos porque sabe que es inimputable e incluso, las penas son atenuadas y ni siquiera es llevado a un penal sino a centro tutelar, teniendo un amplio margen de impunidad; en el país no hay condiciones para encausar a quienes han sido atrapados por la delincuencia.
La diputada Martha Orta Rodríguez del PRI dijo que está de acuerdo en la reducción de la edad penal, pero en este proceso de modificación de las leyes se debe tener el acompañamiento de expertos en política criminal para determinar los alcances de la medida, pues aunque los Derechos Humanos aseguran que se trata de niños, el dolor que causan a las víctimas y sus familiares con sus actos es enorme.
“En su momento será necesario entrar a una discusión profunda donde participen expertos en política criminal, victimología, sociedad civil, escuchar los reclamos de una madre de una víctima mortal a manos de una persona que se considera inimputable, porque el reclamo es que hay jóvenes de 16 años que están cometiendo delitos atroces y el tema debe ser analizado”, expuso.
El legislador del Partido Nueva Alianza Ricardo García Melo manifestó que para considerar un ajuste en la edad penal, es necesario hacer una evaluación profunda, donde se tomen en cuenta ejercicios de análisis más pertinente para determinar qué tan conveniente sería una medida de esta naturaleza.
“Hay que ver si se les están dando oportunidades a los jóvenes de estudio, de empleo y no solamente programas de tipo social, además de analizar si con una medida así bajaría el índice delictivo o pasaría igual que con el debate sobre la pena de muerte”, puntualizó el legislador.
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