Ante fallas de "El Realito", quien debe tomar medidas es Poder Ejecutivo, no diputados: Lárraga Delgado

El Interapas no es autosuficiente porque su cartera vencida es alta y debe desaparecer para que los ayuntamientos asuman su responsabilidad de prestar el servicio

Bianca Acuña l El Sol de San Luis

  · sábado 21 de agosto de 2021

El Congreso del Estado no puede intervenir en el problema que ha generado el acueducto de la presa “El Realito”, cuyas fallas constantes deja sin agua a miles de hogares en la Capital del estado, ya que es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, señaló el presidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, diputado Mario Lárraga Delgado.

Manifestó que hasta el momento no ha cambiado la información ni la situación sobre este caso, ya que la empresa operadora se está defendiendo en las instancias correspondientes de las denuncias que se han presentado en su contra, pero lo más preocupante es que las fallas siguen ocurriendo.

Asimismo, señaló que, el organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS), debe hacerse a un lado y que el ayuntamiento de la capital, de Soledad de Graciano Sánchez y de Cerro de San Pedro, asuman la responsabilidad constitucional de prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Manifestó que el organismo no ha sido autosuficiente porque su cartera vencida es muy grande y además no tiene mecanismos eficientes de medición, ni combate el “huachicoleo” de agua que prevalece a través de tomas clandestinas.

El legislador señaló que desde que fue presidente municipal de Tanlajás encabezó un movimiento en contra de la formación de los organismos operadores de agua, que suplantan la obligación de los ayuntamientos

para la prestación del servicio, desobligándolos de su responsabilidad contenida en el artículo 115 Federal y 114 de la Constitución local además de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

El diputado Mario Lárraga se pronunció a favor de la desaparición de estos organismos operadores para que sean los Ayuntamientos quienes presten el servicio con eficiencia y calidad, porque además se trata de un derecho humano.