Especialistas ponen en duda el proceder de amparos contra Ley Antitabaco

La especialista en Derecho Constitucional, Julieta Velázquez Plaza explicó que los amparos que se presentaron a nivel nacional en contra del reglamento de la ley antitabaco se tratan de procesos indirectos, es decir la mayoría han sido interpuestos por empresas de carácter turístico, bares y restaurantes y hoteles, quienes buscan de manera provisional y definitiva que a sus clientes y comensales los dejen consumir en los espacios que ya muchos tienen designados.

“Con esta nueva Ley lo que se busca es proteger la salud de las personas, si bien es cierto que pues hay áreas destinadas para las personas que gusten fumar tabaco, también es verdad que existe el derecho a la salud y este no se puede sobreponer al derecho del consumo de tabaco”. dijo.

Por lo que es importante que si bien existen áreas designadas para su consumo, hay espacios y terceros en donde precisamente este decreto de Ley busca proteger la salud de ellos, por lo que la especialista, no pudo asegurar si estos amparos procederán.

“Según la información que tengo, no se ha resuelto el fondo del asunto de ninguno de estos amparos, lo que sí es que a estos amparos se les niega la medida provisional que solicitan y ahí se han ido a recursos de queja”, explicó.

Apuntó que estos recursos de queja se deben de resolver en 48 horas , como lo indica el artículo 97, en su fracción B de la Ley de Amparo que establece que el recurso de queja procede en amparo indirecto, entre otras hipótesis, contra las resoluciones dictadas en el incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.

“Entonces el fondo del asunto de está en ¿Dónde se ve la constitucionalidad del decreto aprobado? Por lo que yo creo que se les van a negar estos amparos, porque México desgraciadamente ha tenido muchas muertes por el consumo del tabaco y se busca proteger a la población más vulnerable que en algún momento puedan enfermar a causa del tabaco, como el cáncer, pues difícilmente, podrían acceder a servicios de salud especializados”.

Por último, la abogada señaló que los estragos del consumo del tabaco en la salud de la población al Estado le está costando mucho dinero, pues es invertir en todo tipo de recursos para poder brindar un servicio de salud idóneo para combatir las enfermedades, por lo que lo primordial de este decreto de Ley es privilegiar el derecho a la salud.

Por otro lado, el abogado Luis Suarez Castillo, aseguró que que hasta el momento, existen diferentes criterios en todo el país en cuanto a la suspensión temporal de la Ley, pues los Juzgados Federales y Tribunales Colegiados han emitido sentencias contradictorias sobre este asunto.

“Por ejemplo, en el caso de Oxxo, se procedió con la pausa temporal de la reforma y pueden operar normalmente. Sin embargo, en otros estados como San Luis Potosí, los 8 Jueces Federales y los 2 Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron el criterio a favor del Decreto. En particular, hicieron un análisis previo y determinaron que la suspensión no procede, ya que se protege la salud de la población. En última instancia, la Suprema Corte tendrá que resolver esta diversidad de criterios y unificarlos en uno solo, considerando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma”.

El experto sentenció que debido a los avances en salud en el mundo, la Corte podría que declarar que la Ley es válida, basándose en que se debe proteger a la población en general contra la exposición al humo de tabaco al máximo.

“Sin embargo, hay tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, por lo que también podría invalidarse por cuestiones políticas, como sucedió recientemente con el Plan B de la Reforma Electoral. En ese caso, los negocios podrían ganar contra esta ley. Entiendo que algunos sostienen que los nuevos requisitos son excesivos y que la ley viola la libertad de comercio o que el Presidente excedió sus facultades. Sin embargo, la Suprema Corte decidirá al respecto”.

En caso de poder invalidarse este decreto, Suárez Castillo señaló que el Congreso tendrá que adecuarse a lo que dicte la Corte y emitir una nueva iniciativa con otros lineamientos menos rígidos para lograr la armonía de todos los sectores.

“Actualmente, en nuestro estado, tengo conocimiento de que ningún amparo ha sido concedido, ni siquiera la suspensión temporal. Lo que sí es un hecho es que la reforma busca proteger la salud de todas las personas, aunque algunos consideren que los requisitos son excesivos. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia”