Bien librado salió el titular de la Comisión Estatal del Agua, Benjamín Pérez Álvarez, en su comparecencia ante el Congreso del Estado dentro del marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Por parte del Poder Legislativo encabezó el evento la presidenta de la Comisión del Agua, Dolores Eliza García Román.

A pesar de ser la penúltima comparecencia -luego de una muy larga jornada-, así como de la amplitud del tema, las y los diputados se mostraron participativos e hicieron diversos cuestionamientos en torno a temas como: el bombardeo de nubes, las plantas tratadoras, la situación del Interapas, el proyecto Monterrey VI; la falta de agua en la zona metropolitana; el proyecto para el altiplano de la presa La Maroma; sin embargo los principales cuestionamientos se enfocaron en la situación de la presa El Realito.

En su cuestionamiento, el diputado Eloy Franklin advirtió el enojo e indignación que hay por la falta de agua, “mientras en algunos sectores de la capital potosina tienen agua las 24 horas del día, riegan campos de golf y llenan sus albercas en esos fraccionamientos de lujo con agua potable que debería ser para la gente”.

Ante ello, el funcionario estatal reconoció que era una obligación dar una explicación puntual de lo qué ha pasado en este tema, especialmente en el de las penas que le son impuestas a la empresa operadora.

Al día de hoy, aseguró, se han hecho valer las penalizaciones en todas y cada una de las veces que se han presentado estos eventos, “sin embargo, el contrato de prestación de servicio, así como sus convenios modificatorios y todos sus anexos fueron elaborados hacia un solo lado”.

Las penas se han hecho valer, insistió, “pero a fin de cuentas, cuando se le notifican a la empresa las objeta porque no están de acuerdo en la forma que se plantean, ahí tenemos una diferencia pero se han hecho valer todas, puntualmente, tenemos penas controvertidas desde marzo del año pasado y un monto que conforma este rubro de alrededor de los 80 millones de pesos”.

Aclaro que más que a las penas “le estamos dando seguimiento al contrato de prestación de servicios, que contempla un procedimiento conciliatorio dividido en varias etapas: la primera de ellas es la que ya llevamos a cabo y se han llevado a cabo varias mesas a fin de dirimir las diferencias que se tienen en los montos por hacer efectivos, sin que se haya logrado un resultado satisfactorio para ambas partes”.

La segunda etapa, que es la que es en la que estamos trabajando, indicó, consiste en presentar un procedimiento ante la Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo estas conciliaciones e intentarlo nuevamente con la empresa.

La tercera es que se designaría un árbitro, con conocimientos en la materia para llevar a cabo la aclaración en la diferencia de las penas.

El último, concluyó, que sería el menos deseable pero que seguramente llegará sería ir a los tribunales federales, ahí agotaríamos ese procedimiento donde tenemos algunos antecedentes de que ya unas penas han sido apagadas conforme al procedimiento que estamos llevando a cabo”.