Al menos 120 víctimas por la inseguridad están desprotegidas en San Luis Potosí; no tiene acceso al servicio médico, psicológico, alimentario y han sido “olvidados” por el Gobierno del Estado, denunciaron activistas de la entidad.

En entrevista, las organizaciones civiles “Cambio por San Luis” y “Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian”, revelaron lo anterior, al señalar que la cifra puede ser mucho mayor, pero hay personas que ni siquiera se atreven a demandar lo que les corresponde y a denunciar los delitos.

Michel Hernández, vocero de “Cambio por San Luis, afirmó que en las dependencias de procuración de justicia y seguridad prevale un “contraste” entre los asuntos “mediáticos” que vinculan a amistades o cercanos a las autoridades, en donde se aplica una efectividad para detener y juzgar, y los casos de los ciudadanos de a pie.

“Estos casos llevan años, las victimas tocando puertas, pidiendo que se llegue y que se castigue a los responsables y vemos que no es así, lo que le queremos plantear al Gobernador, Juan Manuel Carreras, es que nos diga cuál es parámetro o que es lo que pone sobre la mesa para decidir en donde se aplica justicia y en donde no”.

Por su parte, María del Rosario Torres Mata, indicó que para el gobierno las victimas “somos apestados, no hicimos daño a nadie, necesitamos realmente ser escuchados, que nos atiendan, no es posible que estemos de esa manera”.

Mostró una serie de oficios que han entregado al Comisario Aureliano Gama, Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno y al propio al Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, sin embargo, ninguno tiene respuesta favorable.

“Pedimos ver la agenda de la víctimas, tenemos las solicitudes de apoyo que hemos hecho para que sean atendidas, para que tengan atención médica, psicológica, para que les den despensas a que tiene derecho por ley, tenemos las fotos de los desaparecidos”.

“Es muy importante que vean como a las victimas las vuelven victimarias, porque como una carpeta de investigación la pueden armar en un mes, pero tenemos mucho tiempo, cuatro años tratando de ver un homicidio y la persona sigue sin una orden de aprehensión”.