Al alza los delitos electorales dice Fiscalía

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tiene iniciadas 24 carpetas de investigación en lo que va del proceso electoral, informó Javier Montalvo Pérez, titular de la fiscalía.

Luego del arranque de las campañas locales, el fiscal electoral informó que ya se tienen iniciadas 24 carpetas de investigación por posibles delitos electorales, mismas que corresponden a denuncias que se han presentado en todo el Estado.

“Tenemos asuntos por ejemplo de Xilitla, San Vicente, Tamuín, Ciudad Valles, Cerritos, no hay una división que nosotros hagamos geográfica para las carpetas de investigación, tenemos jurisdicción en todo el estado y atendemos a todo el estado”, precisó.

Reiteró que las denuncias se pueden recibir en cualquier agencia del Ministerio Público en el Estado, ya que “el orientador tiene capacidad de discernir si (el delito que se denuncia) es de índole electoral o del código penal”, y si es electoral, lo turna a la Fiscalía Especializada para que lleve el caso.

Los motivos son diversos, generalmente por utilización de recursos públicosJavier Montalvo Pérez, Fiscal Especializado en Delitos Electorales

De esta manera, Montalvo Pérez señaló que si bien tiene conocimiento de la denuncia por robo al equipo de campaña de Xavier Nava Palacios, se trata de un delito sancionado por el Código Penal del Estado, no de un ilícito electoral, por lo que no lo lleva esta Fiscalía.

Así mismo, indicó que hasta el momento, las denuncias son de ciudadanos en contra de autoridades o de algún candidato en específico, y “los motivos son diversos, generalmente por utilización de recursos públicos”, aunque aclaró que hasta el momento no se tienen casos de candidatos que estén en un proceso de reelección, que hayan sido acusados de utilizar recursos públicos.

Aunque reconoció que hasta el momento no se ha resuelto ninguna investigación y que no existen plazos para ello, aseguró que sí se tendrán resultados durante el proceso electoral para no dejar en la indefensión a los denunciantes, “en algunos casos habrá consecuencias de índole jurisdiccional penal, pero en otras la investigación nos lleva a determinar que no existió delito, o a lo mejor que hay responsabilidad administrativa y tendremos que turnarlo a la autoridad administrativa”.