Carlos Covarrubias Rendón, activista de la Sierra de San Miguelito, dio a conocer que ya se encuentra en funcionamiento la Contraloría Autónoma del Agua, en la que tienen programados llevar a cabo algunos proyectos de investigación con referencia al vital líquido.
Actualmente se encuentran en un proceso nacional de conformación, “no se trata de un asunto que ella nada más tenga un enfoque local, nace de un proceso de organismos de base constituido en México desde hace ya varios años, a partir del concepto de una Contraloría Autónoma que tiene que ver con la participación de las comunidades de base sobre todo, parte del organismo nacional agua para todos y que es un una organización muy reconocida a nivel internacional, nacional y local, ellos se dieron a la tarea de coordinar y organizar a cerca de 80 grupos que a nivel nacional en todo el país han estado convocando este tipo de organización comunitaria que tiene que ver con los derechos del agua”.
Estarán velando por ver las obligaciones que tienen los gobiernos en todos los niveles de respetar este ejercicio del derecho humano, ese podría ser un primer indicador, desde dónde nace y el por qué “tuvimos un evento de carácter nacional, hace unos días en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, y bueno, ahí se dio el evento constitutivo del mismo, por qué necesitamos estas contralorías?, pues porque la gestión actual del agua tiene a ser opaca”.
Expresó que generalmente los proyectos se hacen a espaldas de la ciudadanía y siempre favorable a los grandes intereses del capital, resultando que sobre de eso subyace un problema de acaparamiento, sobre explotación y contaminación del agua, así como una distribución iniquidad del agua “es un mecanismo realizado desde las comunidades y la ciudadanía, para lograr una planeación y gestión sustentable comunitaria y ecológica del vital líquido y luego viene lo que podemos considerar su fundamentación en la Constitución en diversos artículos donde destaca el primero, el segundo, el cuarto el sexto, el octavo, el noveno, el 27, el 35 y 39 que tiene que ver con el derecho humano al agua y el derecho humano a un medio ambiente sano y con temas que tienen que ver con la gobernanza que se da el pueblo a sí mismo”.
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La Convención Internacional de la ONU contra la corrupción, también el que es muy muy invocado por los movimientos y por los defensores del medio ambiente que es el acuerdo de Escazú del año 2021 que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y la garantía del ejercicio de este tipo de procesos de lucha a quienes se dedican a este tipo de actividad en el Programa Nacional Hídrico de López Obrador que fue planteado como parte de su programa de gobierno y que abarca los años 2020 y 2024.
El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Contra la Impunidad que también data de esa temporalidad 2020-2024, de la cuáles son los principios sobre los que se basa este tipo de organismos, pues es el agua como bien de la naturaleza y el derecho humano; además el tema de la democracia y la equidad y la justicia social, la transparencia y la rendición de cuentas, el derecho a la Asamblea y a la consulta, la participación social autónoma, el derecho de los pueblos originarios.
Lo que van a hacer es vincular a personas y grupos, exigir rendición de cuentas, presentar denuncias y quejas, combatir la corrupción, abrir espacios de participación, visibilizar problemas, trabajar con servidores públicos que sean sensibles y afines, aunque no es una condicionante para actuar y hacer propuestas y sobre todo incidir en la capacidad de que las autoridades sí, actúen en función de sus demandas.
Están en la etapa de constituir la Contraloría Autónoma del Agua, el primer paso es la creación de un núcleo semilla, es decir que un grupo de ciudadanos tengan participación y acciones, pasarán a una etapa de consolidación con una estructura interna, el anuncio público de este grupo promotor que es una etapa que se va a trabajar en el mes de enero, fortalecimiento del mismo y luego habrá una etapa de replicar con otras formas de organización que la ciudadanía pueda atender.