No sólo la búsqueda de desaparecidos, la evaluación de los programas sociales, la producción de libros de texto y la administración de cárceles federales, serán los rubros afectados con el decreto federal que ordena un recorte presupuestal de 75 por ciento al gasto operativo de sus dependencias en lo que resta del año.
Cada entidad en México tendrá sus propias afectaciones, la más generalizada será la del ramo turístico, pues con el llamado “Mega-Recorte Federal”, el fomento y promoción de la inversión en este rubro tendrán graves complicaciones.
Con el citado mandato del presidente López Obrador, en San Luis Potosí habría afectaciones pues el decreto afectará al menos a 58 actividades, de casi todos los ramos del gobierno federal, sin contar a empresas paraestatales y entidades no sectorizadas.
En lo que respecta al ramo turístico, generará un deterioro en el fomento y promoción de la inversión, justo cuando el sector en San Luis Potosí más lo necesita, luego de haber parado durante dos meses por la emergencia sanitaria.
También serán afectados a nivel local los rubros de: protección de los derechos humanos y de las garantías individuales de niños, niñas y adolescentes; la regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria; la supervisión de construcción de carreteras; la atención de emergencias y desastres naturales; la regulación, modernización y promoción de la actividad minera; la educación y cultura indígena; la inspección y vigilancia medioambiental; entre otros.
De igual forma las instituciones nacionales de investigación, serán vulneradas, el decreto obliga a recortar las operaciones de áreas importantes, como la biblioteca, las publicaciones y otras actividades de investigación y divulgación.
El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ordenó un ajuste presupuestal para enfrentar la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, aplicable a todo el Poder Ejecutivo, incluyendo organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas paraestatales y fideicomisos públicos, salvo la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
Ante esta medida, varios programas y actividades que no habían ejercido más de la mitad de sus recursos quedarán inoperantes.
Una reducción de 75 por ciento en el gasto operativo para el resto del año, implica que van a estar en operación mínima, "para muchas dependencias representa no tener para pagar la renta o predial, agua, luz, servicios básicos y nómina, así como honrar los contratos que ya tenían firmados".
Cifras de la base de datos abierta sobre el avance en la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, con corte al primer trimestre del año, revelan que más de la mitad del dinero que aún no se había ejercido para estas actividades, y por tanto quedaba disponible, proviene de los capítulos 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales) del gasto público, sobre los cuales se aplicará el recorte.
Mediante un oficio, fechado el pasado 22 de mayo, la Secretaría de Hacienda ordenó a todos los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas cumplir de inmediato con el decreto presidencial de recortar 75% de su gasto operativo para lo que resta del año.
En lo que concierne al ramo de Educación, el tijerazo presupuestal pondrá en jaque a los sistemas de información, de gestión educativa así como la producción y distribución de libros y materiales educativos.
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