En México se vive una crisis oculta de refugiados, ya que el gobierno mexicano incumple constantemente la obligación de proteger a quienes necesiten protección internacional y viola el principio de no devolución, advierte un análisis de Amnistía Internacional presentado este jueves en la Casa de la Caridad Hogar del Migrante, de San Luis Potosí.
El análisis titulado “Ignoradas y sin protección, la mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México” se basa en encuestas realizadas a 385 personas entre mayo y septiembre de 2017, que dieron un resultado de 500 episodios de salida de su país de origen.
De las 385 personas encuestadas, 208 son de Honduras, 97 de El salvador, 59 de Guatemala y el resto de otros países, por lo que la mayoría provenían del denominado “Triángulo Norte” conformado por los primeros tres países, en donde la tasa de homicidios es equiparable a naciones en guerra.
Esto se refleja en que el 84% de los migrantes no querían regresar a su país, y el 54% de ellos puso como argumento la violencia y el temor por su vida, pero a pesar de haberlo hecho del conocimiento de las autoridades migratorias en México, fueron ignoradas y deportadas.
En el informe se menciona el caso de un migrante identificado como Saúl, quien a los tres días de haber sido deportado a El Salvador, fue asesinado. Al respecto, Madeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional, señaló que en países tan pequeños como El Salvador que tiene una extensión territorial similar a la del estado mexicano de Hidalgo, no existen rincones seguros en donde los ciudadanos puedan evitar a las “maras”, por lo que “estas devoluciones ilegales de personas que buscan salvar su vida, sí pueden ser letales, pueden ser mortales”.
De acuerdo a la Convención de la Organización de las Naciones Unidades de 1951, los estados no deben devolver a las personas a territorios donde su vida o su libertad corren peligro, pero a pesar de ello, el 75 de los migrantes encuestados por Amnistía Internacional señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) nunca les informó su derecho a solicitar asilo en México, y también hay casos como el de Saúl, en los que a pesar de haber solicitado asilo y expresado que su vida estaba en riesgo, fueron ignorados y deportados.
Amnistía Internacional también encontró que al llegar a las Estaciones Migratorias, los migrantes son obligados a firmar documentos sin explicar su contenido, con los cuales aceptan el retorno asistido, lo que les significa renunciar a la posibilidad de solicitar asilo o entablar acciones judiciales para frenar su deportación.
A ello se suma el hecho de que algunas de las personas que solicitaron asilo, desistieron debido a la tardanza de los trámites y a que durante el tiempo de espera, son retenidos en las estaciones migratorias, donde reciben malos tratos y las familias son separadas.
Madeleine Penman aseguró que en México existe la capacidad para recibir refugiados, pues las cantidades pudieran asimilarse a una colonia, y a pesar de los niveles de inseguridad, “no son nada comparado con lo que ellos están viviendo” en sus países de origen.
También informó que se ha calculado que cada año, entre 400 mil y 500 mil personas cruzan la frontera sur de México, sin embargo en 2017 solamente 14 mil personas solicitaron asilo, sobre todo por el desconocimiento de este derecho; de ellos, 7 mil siguen en trámite y menos del 20% han sido reconocidos como refugiados.