Para tranquilidad de la burocracia, la siguiente administración estatal tendrá las herramientas y mecanismos suficientes, con los que pueda allegarse de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de pagar aguinaldos, sin embargo no será así con el problema de Pensiones.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, quien reiteró que “las arcas no disponen en este momento con reservas presupuestales suficientes, como para que se pueda enfrentar el compromiso del mes de diciembre”.

El pago de la prestación más importante del año, puntualizó, requiere de recursos del orden de los mil millones de pesos, “y cuando concluya la actual gestión e inicie la siguiente no se tendrá esa cantidad”.

Refirió que en el año 2015, cuando este gobierno inició sus funciones, enfrentaron el mismo problema de falta de recursos, y que para hacerle frente tuvieron que recurrir a la contratación de créditos a corto plazo.

La ventaja que tendrá la próxima administración gubernamental, argumentó, es que con las actuales condiciones financieras y las calificaciones crediticias a las finanzas de San Luis Potosí, no tendrán ningún problema en tramitar deuda a corto plazo.

Otra de las alternativas sería concretar la reestructuración o refinanciamiento de la deuda bancaria, lo que les permitiría disponer de liquidez en las arcas.

Por la contingencia sanitaria, desde el año pasado tuvimos que solicitar mil 300 millones de pesos en créditos quirografarios para enfrentar la pandemia y los liquidamos en seis meses, “la próxima administración tiene esa alternativa y ellos tendrían seis años en los que podrán liquidar ese tipo de deuda”, recomendó.

Con respecto a los adeudos que prevalecen con el Sistema de Pensiones del Estado, estos permanecerán como un pasivo que representará un reto a la administración gubernamental que inicia funciones en septiembre, “incluso para las subsecuentes”.

Ante ello apremió a que el próximo gobierno y la legislatura trabajen en forma coordinada en una reforma legal, con estudios actuariales y nuevos marcos jurídicos, que les concedan viabilidad a ese pago de prestaciones laborales.

Pedroza explicó que hasta antes de la caída de ingresos propios y los obtenidos por gestiones ante la Federación, habían logrado enfrentar esos compromisos de pago y reducir además, los que habían recibido en el año 2015 por ese concepto.

Pero a partir de 2019, durante el 2020, y lo que corresponde al 2021, con finanzas públicas estatales impactadas por la pandemia de Covid-19, no pudieron continuar con esa tendencia.