El futuro del Interapas, el organismo operador del agua en San Luis Potosí, se encuentra en el centro de un debate que promete ser tan complejo como trascendental. El presidente de la Junta de Gobierno del Interapas y alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, ha comparado la posible extinción de este organismo con el reciente decreto que convirtió a Villa de Pozos en un municipio libre, señalando la magnitud y complejidad del tema.
Galindo Ceballos explicó que la discusión sobre las implicaciones de la disolución de Interapas sería prematura, y destacó que ya se han enviado al Congreso del Estado las razones técnicas que deben ser consideradas para evaluar los pros y contras de tal decisión. La determinación de extinguir el organismo tendría un impacto considerable no solo en el manejo del agua, sino también en la estabilidad laboral de los más de 1,500 trabajadores que dependen de Interapas. El alcalde subrayó que, al igual que en el caso de Villa de Pozos, se busca asegurar que los colaboradores no queden desamparados.
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Actualmente, la capital de San Luis Potosí cuenta con 129 pozos de agua, de los cuales 61 son operados por Interapas para uso público urbano. Los pozos restantes tienen concesiones para usos agrícolas, agroindustriales, industriales, y pecuarios. Este sistema es fundamental para garantizar el suministro de agua a la población y sectores productivos, lo que añade otra capa de complejidad al debate sobre el futuro de Interapas.
El Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) ha informado que la localidad se rige bajo la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, donde se establece que tanto las autoridades estatales como municipales, a través de sus organismos operadores, son responsables del funcionamiento de la red hidráulica. Esto implica que cualquier cambio en la estructura o existencia de Interapas requeriría una revisión exhaustiva de estas responsabilidades.
En este contexto, las decisiones sobre el futuro de Interapas no solo impactarán la gestión del agua en San Luis Potosí, sino que también reflejarán la capacidad de las autoridades para manejar procesos de transición complejos, asegurando que el bienestar de la población y los trabajadores sea una prioridad. La resolución de este asunto será observada de cerca por todos los sectores involucrados, quienes esperan que la decisión sea tomada con la cautela y el análisis que la situación demanda.
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