Acusan a CEEAV de suspender atención a víctimas

Se han suspendido los apoyos para traslado para la búsqueda de personas desaparecidas, para compra de medicamentos, para cirugía, el tratamiento psicológico y asesoría jurídica en perjuicio de alrededor de 2 mil víctimas del delito debido a la toma de las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Desde que fueron tomadas las instalaciones de la CEEAV el pasado 14 de agosto, se suspendió el servicio de la dependencia, denunciaron víctimas del delito, con lo que contradijeron al presidente de la Comisión, Jorge Vega Arroyo, quien aseguró hace unos días, que el servicio se brindaba en sedes alternas en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial..

Al respecto, Michel Hernández Piña, vocero de la asociación Cambio por San Luis, indicó que sí hay asesores jurídicos de la CEEAV que despachan en la Fiscalía, pero afirmó que están hacinados y que no se cuenta con espacios aptos para atender a las víctimas, por lo que demandan que Gobierno del Estado resuelva el plantón en la CEEAV para que se normalice el servicio.

En rueda de prensa ofrecieron el testimonio de diferentes víctimas del delito que han visto suspendido el apoyo de la CEEAV por la toma de las instalaciones, por ejemplo una mujer cuyo hijo fue asesinado y dejó a dos niños desahuciados que requieren medicamentos, a ella la apoyaba la CEEAV pero no lo ha hecho desde el cierre de la oficina; otro caso es el de una mujer que recibía apoyo económico para traslados para la búsqueda de su esposo y tampoco lo ha recibido desde el 14 de agosto; también está Milton, el joven asaltado y golpeado en Residencial Morales, quien recibiría apoyo para una cirugía en el ojo izquierdo, y que se ha tenido que posponer debido a que la CEEAV le apoyaría con recursos y no lo ha hecho.

Explicaron que como estos casos hay otros más, por lo que varias víctimas se unieron y presentaron un amparo ante la omisión del gobierno estatal para resolver esta situación, pues reclamaron que la CEEAV está tomada por “Marichuy”, trabajadora de gobierno que denunció violación a sus derechos y exige una indemnización mayor a la que se le ha ofrecido, incluso se leyó una carta firmada por otras víctimas, en donde narran que la mujer les pidió unirse al plantón, pero no lo hicieron por considerar que sólo busca intereses personales.

Señalaron que han solicitado una reunión con el secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías para exponerle estos casos pero se ha negado a recibirlos.