El presidente municipal priísta de Mexquitic de Carmona Rafael Pérez Rojas y su director de la Policía Municipal, fueron señalados de agredir físicamente y privar de la libertad a una actuaria del Tribunal Estatal de Conciliación Arbitraje (TECA), cuando acudió a la Presidencia Municipal a notificar que deberían pagar un laudo por casi un millón de pesos.
Sin embargo, la autoridad municipal le dijo que no tenía dinero y cuando los abogados del ex trabajador empezaron a señalar bienes para embargo, vino la agresión. La actuaria, asustada, pidió ayuda al 911 pero nadie acudió hasta que de la Secretaría General de Gobierno pidieron quela dejaran salir junto con los demás abogados. Hay denuncias penales y ante la CEDH.
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado recibieron a la titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, quien solicitó la intervención de los legisladores, para evitar que se repita en otros ayuntamientos las agresiones que sufrió una actuaria en Mexquitic de Carmona.
La presidenta del TECA expuso que en noviembre del año pasado, una actuaria fue golpeada por el director de la Policía Municipal luego de que el alcalde ordenara que no la dejaran salir de la presidencia municipal, a donde acudió para ejecutar un laudo por 948 mil pesos, tras cuatro requerimientos de pago que fueron enviados.
Además de una denuncia penal y otra ante la Comisión de Derechos Humanos, “lo que pedimos es que el Congreso del Estado intervenga para que este tipo de hechos no se repitan, nosotros debemos seguir con el trabajo y los actuarios ya no quieren ir a los ayuntamientos sin que se garantice su seguridad”.
El diputado Rubén Guajardo, así como lo demás integrantes de la Comisión, diputados Beatriz Benavente Rodríguez, Marite Hernández Correa y Edgardo Hernández Correa, acordaron presentar un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y a la Secretaría General de Gobierno para que coadyuven con el TECA.
“Sabemos que es compleja la situación porque heredan la deuda de muchos años atrás pero también se deben garantizar y proteger los derechos laborales por parte del Tribunal y las sentencias que se emiten se deben acatar”, aseguró el diputado Rubén Guajardo Barrera.
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