El 97.336 por ciento de las personas en el estado, percibe que son los mismos actores de gobierno los que originan la corrupción, seguidos por las asociaciones y agrupaciones de tipo político.
Así lo comentó, Jesús Rafael Rodríguez López, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, quien dijo que entre los factores que determinan que se vean involucrados en fenómenos de corrupción, el 79.61 por ciento de los habitantes del estado considera que la pertenencia es el factor principal, en síntesis, la población no tiene confianza en las instituciones.
Los datos mencionados son parte de la información relacionada con la corrupción en el estado, que se reflejó en el diagnóstico realizado para la integración de la Política Estatal Anticorrupción, documento que integra siete ejes rectores, 62 propuestas y 245 líneas de acción, de obligado cumplimiento por funcionarios e instituciones públicas.
Una de las causas es que población desconoce dónde interponer quejas y denuncias por hechos de corrupción señalando a instituciones y funcionarios públicos como principales generadores de actos de corrupción.
Por ello, “la labor del Sistema Estatal Anticorrupción es precisamente buscar recuperar en la población, esa confianza en las instituciones gubernamentales, con mecanismos que le acerquen en estos procesos de legitimar sus actos en un marco de transparencia, y de rendición de cuentas”.
DETALLA SEA, EN QUE CONSISTE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION
El combate a la corrupción se constituye en San Luis Potosí, como una tarea impostergable, por lo que las acciones y recomendaciones que urgen del diagnóstico realizado sobre el estado que guarda la corrupción en la entidad potosina, servirán para una adecuación institucional que coadyuve en la eliminación de la opacidad en la que operan buena parte de las agencias gubernamentales.
Jesús Rafael Rodríguez López, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo que de este diagnóstico se desprenden una serie de acciones con las que se integró un plan de trabajo para erradicar la corrupción a través de una Política Estatal Anticorrupción (PEA).
COMO SE INTEGRA LA PEA
Se buscó que se tuviera participación de los 58 municipios de las cuatro zonas del estado, para sacar el porcentaje de percepción de la corrupción como estado, con el resultado de esa participación se hace un diagnóstico de donde se construye la PEA de forma conjunta entre diversas áreas de la UASLP, el Comité Coordinador, Comisión Ejecutiva y Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, incluye 62 propuestas y 245 líneas de acción para combatir la impunidad e impulsar la rendición de cuentas.
Sin embargo, el verdadero reto es la implementación de esta política, que exista la voluntad de los servidores públicos en implementar de las 245 líneas de acción las que correspondan, “es importante que haya la voluntad y para ello la participación ciudadana es fundamental”.
QUE PROPONE
Propone siete ejes; Atención a las necesidades ciudadanas; Fortalecimiento de las normas sociales; Delimitación del interés para evitar el abuso de poder; Gestión de conocimiento y racionalidad; Fortalecimiento de las capacidades institucionales; Rendición de cuentas y Combate a la impunidad.
Entre las 62 acciones que se proponen para el combate a la corrupción destacan el generar mecanismos adecuados para el acompañamiento y asesoría al denunciarse actos de corrupción; fomentar la simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad; Verificar la operación de los programas presupuestarios con base en derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción.
Asimismo, implementar y fortalecer los mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios; promover la simplificación de los procesos institucionales y homologación de trámites y servicios públicos; generar un sistema único que integre información sobre políticas y programas sociales, así como un padrón de beneficiarios.
PODERES DEL ESTADO SE COMPROMETEN A ACATAR LA PEA
Rodríguez López comentó que al presentar la PEA ante los titulares de los tres poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se tuvo como respuesta de las “cabezas” de los tres poderes, “de asumir esta política y sobre todo implementarla en los poderes que dirigen”.
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO Y SANCIONES
Para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los funcionarios públicos a la PEA, se trabaja en un programa guía de implementación adecuado a cada uno de los poderes del estado, que será validado por siete entes relacionados con la fiscalización, vigilancia en la aplicación de recursos, transparencia y procuración de justicia.
Las instituciones que no implementen la PEA de acuerdo al programa, serán sujetos a recomendaciones similares a las que emite la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
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