Asociaciones civiles se pronunciaron en contra de la iniciativa de la diputada Alejandra Valdez que pretende incrementar de 10 a 15 años la vida útil del transporte público, pues señalan que esto sólo vendrá a empeorar el ya de por sí mal servicio que se tiene en el estado.
Representantes de Cambio por San Luis, Ciudadanos Observando y de Transporte Escolar Potosino, se dijeron en contra de la intención de incrementar la vida útil de los camiones de transporte urbano; Michel Hernández Piña señaló que diariamente, Cambio por San Luis recibe denuncias de malos tratos, acoso y unidades en mal estado.
Destacó que de acuerdo a la ley vigente, hay al menos 38 camiones que ya deberían estar fuera de circulación desde el mes de abril al haber cumplido los 10 años de antigüedad, sin embargo denunció permisividad de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes, "la pandemia ha servido de pretexto a la SCT para evadir el tema".
En su caso, Juan Silva Espinoza, representante de la asociación de Transporte Escolar Potosino, explicó que un camión urbano circula los 365 días del año un promedio de 16 a 18 horas diarias, por lo que al cabo de 10 años de servicio habrá recorrido más de un millón 300 mil kilómetros, por otra parte, una unidad de transporte escolar circula 5 horas diarias 195 días al año, por lo que en 10 años habrá recorrido 120 mil kilómetros.
En ese sentido, se pronunció en contra de que se les aplique la misma ley pese a la diferencia en el servicio, y destacó que si se le conceden 5 años más de antigüedad al transporte urbano, "será más chatarra".
A su vez, José Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, calificó como "aberrante que intente chatarrizar el transporte público", pues mencionó que cuando cumplen 10 de servicio en el transporte urbano, los permisionarios sólo trasladan esos camiones al transporte de personal.
También se pronunciaron en contra del alza a la tarifa del transporte, que se dice, pudiera incrementarse a 10 o 10.20 pesos; al respecto, Guadalupe González destacó que el alza no se aplica en automático como refieren cada año las autoridades, sino que está condicionada al cumplimiento de compromisos por parte de los permisionarios, como mejorar el servicio.
Denunció que en realidad la tarifa actual no es de 9.80 pesos, pues acusó que son pocos los choferes que regresan el cambio "lo cobran a 10 pesos"; y mencionó que de acuerdo al estudio para el Plan de Movilidad Urbana de Felipe Ochoa y Asociados, "el 62% de los usuarios del transporte público tienen ingresos menores de 3 mil pesos, y con la tarifa actual destinan casi 35% de su sueldo para moverse, es una violación a su derecho humano".
Señaló que el Consejo Estatal del Transporte es el que debe revisar que los permisionarios mejoren el servicio para entonces justificar un alza a la tarifa, sin embargo acusó que "es de ornato, es espurio, nunca se reúnen, nunca exigen, son unos monigotes, solamente aparecen unos días antes para autorizar la tarifa, eso es engañar a la ciudadanía".
Es por ello que ya solicitaron una reunión con los integrantes de la Comisión del Transporte del Congreso del Estado para presentar sus argumentos, además de que promoverán recursos legales para frenar el alza a la tarifa y la iniciativa de chatarrización, y convocaron a la ciudadanía a unirse a esta movilización para ejercer presión social sobre las autoridades.
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