La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investigará el abuso cometido por el director de la Policía Municipal Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia contra la titular de la Oficialía del Registro Civil número 11 María Teresa Carrizales, porque no existió orden judicial que legitimara su actuar, informó el ombudsman Jorge Andrés López Espinosa.
Anunció que tampoco participará personal de la CEDH en los operativos 'antialcohol' ya que desde el mes de marzo de 2019 se envió un oficio para que se convocara a los titulares de las cámaras empresariales y propietarios de bares y restaurantes, para que en conjunto se difundieran programas preventivos que concienticen sobre los riesgos que implica combinar bebidas embriagantes mientras se conduce, con el fin de no convertir esta acción en una medida recaudatoria, y de esta solicitud no se ha obtenido respuesta.
“Este Organismo Constitucional Autónomo acudió como observador a petición de la víctima, por lo que se pudo constatar y documentar la actuación de la Policía Municipal de San Luis Potosí, a cargo del director Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, comprobando que fue este servidor público quien ordenó el uso de la fuerza, sin que mediara orden judicial alguna que legitimara su actuar”
La CEDH condena el exceso en el uso de la fuerza pública e inició expediente de queja contra la Dirección de Seguridad Pública por violentar los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal y al trato digno. La víctima ya acudió para formalizar la queja.
Asimismo, emitieron dos recomendaciones al Ayuntamiento con folio 16/2018 por el caso de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en su condición de inmigrantes urbanos y su derecho a la ciudad, la cual fue aceptada, sin embargo, a la fecha se no cuenta con evidencia que acredite su cumplimiento.
Así como la recomendación 7/2019 sobre el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta que originó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad Mixteca Baja, que habita en el municipio de San Luis Potosí que no ha sido aceptada.
El organismo asegura que siempre ha colaborado para trabajar con el Ayuntamiento pero no existe reciprocidad con el actuar.
