Francisco Parra Barbosa, Catedrático de la Facultad de Derecho, levantó el plantón que tenía ubicado a las afueras de las instalaciones del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego de 24 días en que se ha mantenido denunciando una serie de irregularidades y abusos cometidos en su contra por parte de la institución de educación superior. Pero antes de irse, anuncia que demandará a la institución ante los juzgados.
En 2008 siendo encargado del Programa de Derechos Humanos en la Dirección de Fortalecimiento Humano y posterior en la Defensoría de Derechos Universitarios desde 2013, luego de solicitar un permiso en abril de 2022 para atender asuntos académicos y personales, al revocarse dicho permiso en septiembre de ese año y al regresar para reincorporarse a su centro de trabajo, se le impidió y se le indicó acudir a la oficina del abogado general para luego enviarlo a la torre administrativa y de ahí a la rectoría, volviéndose cíclica dicha situación y durante estos dos años se le mantuvo en la indefinición laboral sin notificarse despido ni entregarle ningún finiquito.
Por esa razón y ante el riesgo de perder su vivienda por cobro del Fovissste, acudió de nueva cuenta a rectoría el pasado 18 de septiembre de este año donde se le dijo que hiciera lo que quisiera, que denunciara si así lo quería “coloqué este plantón para exhibir la grave indolencia con que la autoridad universitaria maltrata a sus docentes y personal administrativo. Me instalé, como señalo el 24 de septiembre de este 2024. El día 26, un abogado de la oficina del abogado general vino a pedirme que me quitara, ofreció mi reincorporación sin ponerle fecha y ofreció también 60 mil pesos. Dijo que, si no tomaba esa alternativa, aquí permaneciera el tiempo que quisiera. Ante la indefinición de siempre y solicitarle me entregara por escrito la oferta, la respuesta fue no solo negativa, sino que más tarde ese día, el rector declaró que yo no era parte de la plantilla laboral desde 2022, situación totalmente falsa, pues durante todo este tiempo yo nunca me fui, al contrario, seguí presentándome ante el mismo rector en más de tres ocasiones y con el resto de sus funcionarios jurídicos y administrativos, sin que nadie resolviera”.
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Cuenta con carpetas de oficios que dan cuenta de ello y que se le retuvieron los salarios y las prestaciones, los vales y los aguinaldos, los bonos y la posibilidad de impartir catedra, sin que se le hubiera notificado despido ni finiquito.
El jueves 10 de octubre se presentó un notario para solicitar al rector su reincorporación y pago, la respuesta a través de un abogado de la oficina del abogado general fue que estaba despedido, se le solicitó el documento en ese momento que demostrara que se le había notificado tal circunstancia, pero se negó a mostrarlo, así, como se negó a exhibir finiquito alguno. Con lo que se dio fe notarial de un despido injustificado, pero además de las declaraciones falsas del rector.
Como no vio voluntad del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y de sus funcionarios para resolver este conflicto desinstaló este plantón y ahora su lucha la encabezará en los tribunales contra el máxima casa de estudios.
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