En San Luis Potosí, un total de 210 entes públicos pertenecientes al poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los 58 ayuntamientos además de otras instituciones y dependencias, están obligados a cumplir con la Política Estatal Anticorrupción que contempla entre otros lineamientos, la presentación de sus declaraciones 3 de 3 y alimentar la plataforma estatal con información de actividades relacionadas con la función pública.

Quién no cumpla con esta Política, puede hacerse acreedor a una recomendación por parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Para ese proceso es necesario designar personal que se encargue de dar monitoreo, seguimiento y evaluación del trabajo realizado en materia de anticorrupción en cada una de las instituciones y entes obligados.

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A la fecha, de los 210 entes públicos obligados, solamente 138 han dado cumplimiento a la designación de dicho enlace, su responsabilidad es subir información en el sistema de seguimiento y evaluación, de cómo el ente obligado está cumpliendo con la Política Estatal Anticorrupción.

Sobre el tema, el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Jesús Rafael Rodríguez López, explicó que cada uno de los entes puede designar el número de enlaces que considere necesario para darle seguimiento a la Política Anticorrupción, por lo que, en total, se tiene hasta al momento 323 asignaciones.

“El sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la PEA fue un sistema que nos realizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde dejará una muestra fiable de quién cumplirá con la PEA a corto, mediano y largo plazo”.