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Aunque todavía no concluye el ejercicio administrativo 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) perfila un número menor de recomendaciones debido a que las autoridades atienden su responsabilidad con mayor empatía y se someten constantemente a cursos de capacitación.
Funcionarios del organismo señalaron a El Sol de San Luis que es complicado proyectar en estos momentos un número de recomendaciones, porque en todas las quejas que se presentan se realiza un procedimiento que tiene varias etapas y en muchas etapas, se logra la conciliación sin necesidad de llegar a la recomendación.
Ahora, el Congreso del Estado aprobó en comisiones una disposición para mandar citar a comparecer a las autoridades que no acaten las recomendaciones e incluso, podría terminar el tema en una demanda ante la Fiscalía General del Estado, dependiendo del resultado del proceso.
En 2023, el registro oficial indica que se emitieron las siguientes recomendaciones: 7 a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 4 ayuntamiento de Matehuala, 2 ayuntamiento de Santa María del Rio, 1 ayuntamiento de Axtla de Terrazas, 1 ayuntamiento de Cerritos, 1 ayuntamiento de Ciudad Fernández, 1 ayuntamiento de San Luis Potosí, 1 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 1 Dirección General de Prevención y Reinserción Social, 1 Dirección General de Servicios de Salud, 1 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y 1 Sistema Educativo Estatal Regular.
Todas, menos de la de Axtla de Terrazas fueron aceptadas, sin que haya elementos de cumplimiento.
De las 1,242 quejas que fueron recibidas en 2023, el 95% se aperturó por solicitud de una persona ya sea víctima, quejosa o peticionaria y el 5% se inició de oficio. Los principales derechos humanos señalados como vulnerados en las quejas iniciadas en 2023 fueron el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la legalidad.
La CEDH desde 2020 no recibe incremento en su puesto anual que por 4 años consecutivos ha sido de 47 millones 445 mil pesos.
Recientemente, la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, aprobó el dictamen que resuelve procedente la iniciativa que reforma artículos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentada por la legisladora Martha Patricia Aradillas Aradillas.
El objetivo es establecer el procedimiento que deberá seguir la Legislatura en la comparecencia de las autoridades o servidores públicos señalados responsables de la violación a los derechos humanos, y por otra parte, los efectos jurídicos de la comparecencia.
El Congreso del Estado, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la comparecencia, deberá emitir un dictamen en el que determinará si la no aceptación o cumplimiento de la recomendación emitida por la comisión fue justificada por las autoridades o servidores públicos responsables.
En caso de que el Congreso del Estado determine que las autoridades o servidores públicos responsables no justificaron la no aceptación o incumplimiento de la recomendación, turnará las actuaciones de inmediato a la autoridad investigadora que en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estados y Municipios de San Luis Potosí, resulte competente.
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