La exmagistrada Ma Manuela García Cazares, y los abogados Ranulfo Rodrigo Cano Vargas y Luis Ricardo Molina Corpus, integran la terna de propuestas enviada este martes por el ejecutivo, al Congreso del Estado para que de entre ellos se elija a quien será el nuevo o nueva titular de la Fiscalía General del Estado.
Al dar a conocer lo anterior en entrevista con los medios, el secretario general de gobierno Guadalupe Torres Sánchez dijo que los tres perfiles se han destacado por su actividad jurisdiccional y cualquiera de ellos podría ser un gran fiscal. El nuevo Fiscal del Estado durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado.
“Hoy se publica en la gaceta, se turna a las comisiones encargadas que podrían ser gobernación y justicia quienes emiten un dictamen que se enviará nuevamente a gaceta y la próxima semana se estaría votando por alguno de los tres perfiles”.
Sobre la trayectoria de las propuestas, el secretario de Gobierno detalló que la exmagistrada Ma Manuela García Cazares destaca en sus actividades, haber sido Juez de Primera Instancia, Procuradora General de Justicia, Magistrada numeraria presidenta hasta ayer del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Poder Judicial.
Ranulfo Rodrigo Cano Vargas por su parte, fungió como secretario de Estudio y Cuenta, fue Juez de Primera Instancia, Juez de Control y Juez de Juicio Oral, actualmente es presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí.
Completa la terna Luis Ricardo Molina Corpus, quien actualmente se desempeña como Juez Cuarto de lo Familiar en el estado y ha ocupado diversas carteras como Juez de Primera Instancia y como secretario de Estudio y Cuenta.
Entre los principales requisitos que debe cumplir el próximo o próxima Fiscal del Estado destacan ser mexicano por nacimiento, y ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles
Tener cuando menos treinta y cinco años el día de su nombramiento, y no más de setenta y tres años, tener al día de su nombramiento, título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y acreditar el ejercicio profesional por el mismo tiempo.
Asimismo, deberá gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año; pero, si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Otro de los requisitos es haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de su nombramiento y no haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Diputado local, o Presidente Municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento.