El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) Rodrigo Joaquín Lecourtois López afirmó que el proceso contra Marcelino Rivera fue administrativo desde un principio y no electoral, como se está tratando de utilizar ahora.

Ni la Sala Monterrey del Tribunal Electoral ni el CEEPAC están relacionadas con este caso, que es una inhabilitación para ocupar cargos públicos por 20 años y una sanción de resarcimiento al erario por más de 13 millones de pesos, además de una multa de casi 800 mil pesos.

Marcelino Rivera nunca mostró voluntad para atender el llamado de la autoridad fiscalizadora desde hace más de 10 años; desde el 23 de mayo pasado se le informó que que estaba inhabilitado.

Por el periodo de 2013 cuando fue alcalde de San Martín Chalchicuautla hubo observaciones que nunca fueron aclaradas ni solventadas; se le dieron muchas oportunidades pero nunca hubo respuesta de su parte, mostrando total desinterés para atender el caso.

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Lecourtois López expuso que al ser de orden público la inhabilitación, se tiene que inscribir inmediatamente en el padrón de funcionarios que viven la misma situación y, posteriormente, se le notificó al Congreso del Estado y al CEEPAC, el estatus jurídico del ciudadano Marcelino Rivera.

Señaló que se cumplieron todos los procedimientos legales para que la inhabilitación quedará firme así como las sanciones pecuniarias y de ello, se desprende la imposibilidad de ocupar un cargo público, como es el caso.

La ciudadanía siempre ha buscado que en este tipo de casos, de malversación de recursos públicos, la persona responsable reciba una sanción y este es el caso más ejemplar de que la ley se debe cumplir.