Al menos 127 familias del Ejido de Rodrigo quedaron en la miseria tras el despojo de sus tierras en el año 2000 por parte de la Junta Estatal de Caminos (JEC), por lo que piden al gobernador del estado dar solución a este caso luego de que se suspendieron los trabajos por parte de la Subsecretaría de Gobernación en agosto.
El comisariado ejidal de Rodrigo, Ricardo Ramírez, explicó que durante el gobierno de Fernando Silva Nieto, "de manera tramposa" en el año 2000, funcionarios de la JEC convencieron a quien entonces representaba al comisariado para establecer un convenio de compra de tierras y comenzar a construir la carretera de cuota San Luis Potosí-Villa de Arriaga. De acuerdo con su explicación, en aquel año se llevó un aparente acuerdo legal entre la Junta Estatal de Caminos y propietarios de las 27 hectáreas bajo un convenio de ocupación previa de tierras ejidales, previo al proceso de expropiación, para culminar con el pago de la propiedad privada, situación que no se dio con certeza jurídica, ya que dicho convenio no fue firmado por los entonces funcionarios estatales, "a la par, de manera tramposa y discrecional se ganó tiempo para concluir la obra carretera".
Esto llevó a que más de 127 familias hoy vivan en la pobreza por no tener sustento económico para vivir ya que se vieron despojados de 27 hectáreas ricas para la ganadería y la agricultura; señaló que se tiene plena confianza en el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para lograr el pago justo que les fue negado, pues destacó que hoy esas familias tienen adultos mayores indefensos y enfermos, otras más cuentan con hijos o padres con alguna discapacidad.
En su carácter de comisariado ejidal, Ricardo Ramírez ya hizo del conocimiento del caso al mandatario estatal, así como al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sobre el abuso cometido hace 22 años, inclusive apenas inició la actual administración estatal se llevaron a cabo mesas de trabajo con el subsecretario Jorge Vega Arroyo para dar solución al tema, labores que en agosto pasado fueron suspendidas sin conocer la causa.
Hoy las más de 127 familias que se encuentran al desamparo, confían en el gobernador "para lograr un desenlace favorable en un asunto que carece de legalidad jurídica y donde se realizó una obra con mentiras y abuso en perjuicio de ejidatarios de Rodrigo, que hoy viven penas y hambre por haber confiado en la buena fe de unos funcionarios abusivos y ventajosos del entonces gobierno del estado en el año 2000".
Finalmente, el comisariado ejidal invocó la sensibilidad del Gobernador para que se haga justicia y se resuelva en definitiva este problema, de la misma manera piden que los funcionarios que sean asignados a este caso tengan mayor sentido de responsabilidad, sensibilidad y compromiso para cumplir a nombre del Ejecutivo del Estado.
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