Unos meses antes de concluir el sexenio anterior, el entonces director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), Juan Ignacio Fernández Carbajal, firmó cinco contratos de cesión parcial de derechos con las empresas IEnova, Gramosa, Opever (Grupo Logra), Hutchison Ports y Pinfra, para que construyeran y explotaran durante 20 años las cinco terminales del nuevo puerto.
El exdirector de la API y hermano del presidente de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, conocido como El Diablo, asentó su firma en los cinco contratos firmados mediante los cuales cedió 2.5 de los 2.8 kilómetros de muelle con los que cuenta el nuevo recinto para la operación de las terminales de fluidos e hidrocarburos (IEnova), de usos múltiples (Pinfra-Infraestructura Portuaria Mexicana), de contenedores (Hutchison), de granel agrícola (Gramosa) y granel mineral (Opever).
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Luego de ganar las licitaciones, las empresas pagaron en conjunto mil 744 millones 980 mil 990 pesos a la Apiver como cuota inicial. En cambio, las contraprestaciones mensuales, las inversiones y otra información sobre las aportaciones pactadas con la empresa pública a cargo de la administración del puerto fueron reservadas, según consta en un acta extraordinaria de su Comité de Transparencia.
La filial de IEnova, ESJ Renovable III, tiene un contrato para operar una terminal especializada de fluidos de 14.7 hectáreas. Su aportación inicial fue de mil millones de pesos, la más alta entre las cinco empresas que operan en el nuevo puerto de Veracruz.
Infraestructura Portuaria, de Pinfra, desembolsó 401 millones tras el fallo favorable para hacer uso de 18.3 hectáreas en una terminal semiespecializada de carga suelta y contenerizada.
Gramosa Agroalimentos y Grupo Logra, compitieron por dos terminales graneles dispensando cuotas únicas por 225 millones 980 mil 990 pesos y 118 millones de pesos, respectivamente.
Gramosa cuenta con 10 hectáreas para su terminal de granel agrícola, mientras que Grupo Logra opera su terminal semiespecializada de granel mineral en 10.1 hectáreas.
La transnacional Hutchison Ports Icave cuenta con una terminal especializada de contenedores, dividida en dos fases de 75.9 hectáreas en conjunto, y no tuvo que pagar una cuota inicial, ya sólo se se modificó el contrato que ya tenía para operar en el viejo puerto.
Desde el pasado 18 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que buscarán revocar la concesión que tiene la Apiver para operar y administrar esta terminal por 100 años, pues aseveró que está en contra de la privatización de los puertos.
De acuerdo con el acta constitutiva de Apiver, se trata de una empresa paraestatal, sin embargo el mandatario asegura que se trata de una simulación.
En la escritura pública 114 mil 303 con expediente 5187-07 se da cuenta que esta API tiene como accionistas al gobierno federal y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
“Es un engaño, es una simulación, porque si es del Estado, ¿para qué se concesiona? no tendría ningún caso. Es privatización. Lo que llamaba la atención es que es una concesión única en el mundo, no creo que exista un contrato en donde se concesiona un puerto por 100 años, por un siglo, ni Porfirio Díaz se atrevió a eso”, expresó el Presidente.
Esta concesión se otorgó desde 1994 por el entonces titular de la SCT, Emilio Gamboa con vigencia de 50 años y en julio de 2018, el titular de la Secretaría de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza decidió ampliar este plazo hasta 2094, con el objetivo de dar certeza a los inversionistas del nuevo puerto.
El anuncio de la extensión del actual puerto de Veracruz se dio desde 2013, entre los priistas Ruiz Esparza, titular de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante y el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa. El 28 de noviembre de 2013, los tres funcionarios en camisa blanca presentaron en el puerto de Veracruz el megaproyecto con una versión a escala que ocupaba una mesa de más de metro y medio de largo y un metro de ancho.
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