Solarium | Cambio de ruta para 2027 en San Luis

El anunciado nombramiento de la potosina Rosa Icela Rodríguez como responsable de la política interior del gobierno federal a partir del 1 de octubre de este año, modifica el escenario estatal con miras a la renovación de poderes locales, cuando apenas estamos a la mitad del mandato del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Al asumir la Secretaría de Gobernación como titular, Rosa Icela replantea, sin decir una palabra, los términos de una negociación para las elecciones intermedias del sexenio federal que se inicia en octubre y que coincidirá con la elección de gobernador, diputados locales, alcaldes y regidores en 2027. Pero no solamente cambian los términos desde ahora, también cambian, evidentemente, los actores en la nueva escena.

Si el resultado electoral del pasado domingo 2 de junio fuera producto de acuerdos previos entre las dirigencias de Morena y Partido Verde, podría justificarse el apachurrón y confronta que el PVEM les produjo a los abanderados de Morena con el sacrificio de personajes que hoy recobran presencia e influencia en la renovación futura de puestos estatales.

Evidentemente no es así. Conociendo las ambiciones de la gallardía es difícil creer que todo sea producto de arreglos anticipados. De cualquier modo, con los escenarios cambiados, los protagonistas centrales en la perspectiva de 2027 son dos personajes que están en la línea de la sucesión en San Luis.

Uno es el diputado federal electo Juan Carlos Valladares Eichelmann si el PVEM convence a su socio Morena de postularlo con o sin alianza entre esos dos partidos. El otro personaje en línea es Rita Ozalia Rodríguez con el respaldo de Morena tras todos los agravios que la gallardía le infringió en la pasada campaña, y quien, a no dudar, tendrá apoyos cercanos en el gobierno federal a partir de octubre.

Hay que añadir que el interés de los potosinos en este proceso de tres años se vería colmado si Rita Ozalia alcanzara la gubernatura. No se olvida que ella y Mario Godoy, hermano de Ernestina Godoy colocada también en el equipo presidencial entrante, llegaron a San Luis hace más de 1 año para rearmar su partido en la entidad y ella acomodarse en el Senado, con los agravios que la gallardía le causó con resultados desfavorables conocidos.

En esa perspectiva, surgirán otras figuras y se escucharán nombres con aspiraciones de contender por las diputaciones federales, amén de las 58 presidencias municipales, las 29 diputaciones locales y las regidurías que estarán en juego. Para todos hay, con que no arrebaten.

Conceptos de justicia y judicatura

Justicia y judicatura son dos conceptos distantes de un mismo tema. Para interpretarlos y entenderlos es necesario acudir a la realidad para calificar su calidad.

Hace poco más de una semana un criminal chofer de camión urbano atropelló a dos niñas en la calle 71 de la colonia Rancho Viejo en la capital potosina. Una de ellas murió y la otra quedó gravemente lesionada. Iban con su madre a la escuela y no llegaron. Ninguna de las dos, por increíble que parezca, han sido acompañadas por un Agente del Ministerio Público para enviar al criminal a donde le corresponde por privar de la vida a una menor de 5 años y lesionar a su hermanita de 7 años. Esta es la injusticia que indigna y produce enojo social porque la Fiscalía General del Estado atiende otros intereses y no reclama justicia para las víctimas.

Nuestros fiscales toman la ley en la mano y la aplican a su particular modo de ver las cosas y no pocas veces en función de intereses económicos. Esas niñas no han recibido justicia porque la autoridad guarda silencio para no dañar al grupo camionero que es todopoderoso en nuestra ciudad.

Si la Fiscalía llegó a turnar al criminal chofer a un juzgado de control, sus indagatorias que integran la carpeta de investigación son tan deficientes que el Juez de la causa no podrá dictar una sentencia que sirva de ejemplo a los demás choferes del transporte urbano, para evitar otros atropellos en la vía pública. Obviamente todo el sistema de justicia debe revisarse. Si fuera cosa de modificar las leyes, que lo es, pues que se modifiquen.

La venganza social que se encarga a los jueces debe ser construida a partir de las actuaciones de los fiscales si fueran intransigentes ante el delito, sin perder la buena fe que distingue su función. Este es el primer peldaño de la estructura que necesita urgente atención del gobierno en su conjunto, es decir, de los tres poderes del estado. Similar acción debería desarrollarse en el ámbito federal. No es esa, sin embargo, la perspectiva que tiene la iniciativa de reforma del Poder Judicial que recarga el peso de la deficiencia de todo un sistema de justicia sobre quienes aplican la ley, que son los jueces, sin embargo, desprovistos de facultades que solamente tienen el Ministerio Público y la Defensoría de oficio o particular.

El caso ilustrativo que hoy expongo es uno de los cientos (o quizá miles) de casos de irresponsabilidad criminal de un grupo de empleados de concesionarios que suplen, con muchas deficiencias, la prestación obligada de un servicio que en México se adjudicó el gobierno en todos sus niveles desde hace alrededor de 100 años: el transporte de pasajeros en zonas urbanas o en la red federal de carreteras.

Con normas escleróticas por su antigüedad, los llamados permisionarios nunca sufren la detención de sus unidades como lo establece la ley de tránsito del estado y la ley de transporte público estatal. Incluso los choferes que ocasionan accidentes viales con eventuales víctimas mortales y lesionados recobran su libertad casi de inmediato por la acción y “entendimiento” de sus abogados con los fiscales encargados de conocer los accidentes viales.

Cada chofer de transporte urbano, camioneros y taxistas, debe portar una licencia especial para servicio público. Violar los supuestos de esa calidad de licencia debe causar agravantes en el caso de ser responsables de accidentes mortales y con lesionados. Sin embargo, arreglos bajo cuerda con la autoridad les permite volver al “trabajo” lo antes posible sin sufrir las penas que la ley establece.

Sería la hora del trabajo de los legisladores en procuración de garantías para los usuarios y viandantes, sin embargo, no existe ninguna iniciativa al respecto para modificar las leyes respectivas y precisar penas más severas cuando la responsabilidad es de un chofer con licencia profesional de conducir. Exactamente lo mismo debe ocurrir a nivel federal, pero son temas en los que la función de los jueces depende de las aportaciones de los fiscales y de las actuaciones de los defensores para que los juzgadores tengan elementos de juicio.

La iniciativa de reforma del Poder Judicial Federal y luego de los correspondientes tribunales superiores de justicia de los estados, no toca la realidad sino supuestos que están lejos de los principios jurídicos y de los contenidos de las leyes.

La memoria de una menor de edad y la de los cientos de víctimas anteriores, debiera nutrir el interés de los políticos, ajenos hasta ahora a nuestra terrible realidad. Así las cosas, pues.

El cotarro político

Nuestro alcalde Enrique Galindo Ceballos conserva lazos amistosos con dos de los secretarios de estado dados a conocer por la presidente electa Claudia Sheinbaum. Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch son quienes seguramente apoyarán al gobierno municipal de Galindo muy positivamente… Entre tanto, el terrible Manolo trata de desenmarañarse el pelo que el viento le dejó como estropajo de ixtle… HASTA LA PRÓXIMA.

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