Con el agua hasta el cuello

La opinión de los técnicos más reconocidos en materia de mantos acuíferos coincide en un punto elemental: tenemos agua suficiente en el subsuelo, pero sacarla cuesta.

Este es el punto de partida si de resolver el problema se trata.

Las complicaciones aparecen en cuanto la acción de los políticos en funciones de gobernantes quieren hacer las cosas a su manera, caprichosamente, sin escuchar a los técnicos y sin los estudios financieros indispensables para fijar inversiones, señalar costos, obtener tarifas reales y decidir en qué porcentaje es posible absorber el costo para no lastimar al consumidor más débil.

Una cara del complicado escenario en que está el Interapas lo representan los improvisados directivos que sin ser peritos deciden sobre aspectos que no son estudiados y analizados con apego a la técnica ni a la razón.

Otra cara es el saqueo inclemente de la recaudación cotidiana que, especialmente en el periodo de Gallardo –sin que sea el único que lo ha hecho- sufre el organismo. El pasado alcalde ordenaba la concentración de lo recaudado en cada oficina cada 24 horas y pocos supieron en que se diluyó ese ingreso, pero no fue en obras nuevas ni en reparación de las redes.

Porque no dependemos en mayor medida del agua de lluvia, es que la Comisión del Agua (no sé si es la Comisión Nacional o la Comisión Estatal) ordena la regulación del contenido de las dos presas y nadie sabe cuántos millones de metros cúbicos se vierten al río Santiago hasta llegar al norte de nuestro valle, donde se pierden finalmente.

Sin embargo, el agua de lluvia es la más barata que podemos usar. No hay un solo individuo en el organismo que pueda decidir correctamente el aprovechamiento de esa agua de lluvia para reducir el nivel de explotación del manto acuífero que hoy nos abastece. Este es el error más grande, pero el desorden y los yerros financieros postraron al organismo administrador hasta dejarlo donde está.

Si la presente administración no encuentra la salida es porque tampoco tiene la menor idea de qué tiene entre sus manos. Administrativamente el desorden llega a tal grado que la única explicación que tienen a la mano se refiere a la existencia de un gran número de consumidores que no pagan. Y resulta que no todos los deudores lo son. Mi caso puede ser uno de tantos. La casita que heredé de mi madre se desincorporó de la red desde 1985 porque la di de baja. Ahora me cobran más de seis mil pesos por un consumo que no existió.

Puesto en manos inexpertas, Interapas es un organismo en quiebra pero no por efecto de los deudores, cuyo listado debe existir y conviene depurarlo. Supongo que el dinero que no recibió por años hoy aparece a la cuenta de deudores cuya existencia debe corroborarse, cuyo monto debe precisarse y hacerse público, así como también reconocer los yerros que el desorden produjo.

Pero que Interapas nos salga que el costo del desorden corre por cuenta de los consumidores es la peor equivocación que pueden cometer los actuales encargados del organismo. La solución debe ser producto de un acto de gobierno municipal sumado a otro de gobierno estatal. Ambas instancias de gobierno son las obligadas a prestar un servicio. Los funcionarios actuales no pueden salirnos con la afirmación de que los administradores anteriores tienen la culpa porque están obligados, por su promesa de campaña, a resolver todas las anomalías, no solamente a denunciarlas. Deben recordar la expresión popular: “el que quiere la vaca, quiere al becerro”.

LA SUERTE DEL GOBIERNO

EN MANOS DE ESTÚPIDOS

Ayer ocurrió un hecho penoso, indignante, pero sobre todo constitutivo de un delito penalizado por nuestras leyes. Un grupo de inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –actuando en pandilla- agredieron a un ciudadano frente a su esposa y uno de sus hijos, y la única reacción fue que serán todos despedidos de sus empleos y que podrían ser puestos a disposición de la autoridad competente, la Fiscalía General del Estado, para que paguen con cárcel por dos causas justificadas: la agresión física a la persona y su familia, y la agresión moral al gobernador Juan Manuel Carreras López porque con su actuación manchan la imagen del gobierno y de su titular pues son parte de una dependencia estatal y por tanto, bajo las órdenes del mandatario.

Los casos son varios, pero éste fue divulgado a través de las redes y motivó el envío del siguiente boletín por parte de la dependencia en que “trabajaban”.

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informa que derivado del incidente registrado este viernes durante un operativo de inspección por parte de personal de esta Dependencia, en donde se presentó un altercado con el conductor que tripulaba un vehículo particular, se procederá a separar de sus funciones al personal involucrado de manera inmediata, al tiempo de que esta instancia ratifica que no habrá tolerancia hacia este tipo de actos y que se aplicarán las acciones correspondientes que establece la ley”

“Es importante señalar que dicha Dependencia no tolerará acciones que contravengan las disposiciones legales y mucho menos el actuar en la forma en que procedieron estos elementos, independientemente de los procedimientos administrativos y legales que correspondan.”

“Por tal motivo, los inspectores involucrados serán separados del encargo y se procederá a instaurar los procedimientos administrativos correspondientes por el órgano de control interno, además de dar vista –a la- Oficialía Mayor –de Gobierno- para los efectos legales correspondientes.”

En el video difundido se puede observar cómo la persona es agredida por ¡todos! los inspectores, quienes amén de montoneros ignoraron las reclamaciones de la esposa del agredido. La prepotencia demostrada ante los ojos de quienes vieron directamente los hechos, como de quienes los vimos posteriormente por una videograbación echan por tierra las promesas de justicia y de atención a la ciudadanía. Los ahora ex funcionarios deben ser castigados conforme a la ley y el Fiscal General del Estado puede y debe proceder de oficio ante la evidencia recabada.

Todo tiene un trasfondo. La incapacidad de regular el mercado del transporte con métodos adecuados. ¿Qué necesidad tiene el gobierno de ser el principal especulador con las concesiones del transporte? ¿Por qué ha de sospechar un inspector que está frente a un auto que opera irregularmente como taxi no identificado en vez de regularizar este servicio con inteligencia?, ¿qué intereses defiende el gobierno al cerrar la expedición de concesiones de taxis?

Por lo demás, el gobierno del estado ya no debe poner su suerte en manos de pendejos.

EL COTARRO POLÍTICO

La cuarta transformación de México es –conceptualmente- una magnífica idea. Realizarla es, en cambio, solamente posible con el acuerdo expreso, real, de todos los mexicanos. Nadie, digo yo, puede quedar fuera de esa voluntad transformadora. Ni siquiera los adversarios del señor presidente Andrés Manuel López Obrador… Ya en la presidencia de la república, el licenciado López Obrador dejó de ser el líder real y moral de un partido, su partido. Debe ser de su máximo interés que se fortalezcan los partidos políticos sin excepción. Ahora, como presidente en funciones, es el líder de todos los partidos, por eso ha recibido el reconocimiento de cada uno y la oferta de que trabajarán a su lado. La cuarta transformación –que todavía no ocurre- debe ser la voluntad expresa de todos los mexicanos y no solamente producto del resultado electoral del 1 de julio porque esa, la elección, escogió a un individuo y ahora se trata de hacer realidad una propuesta, de cumplir una promesa, de que todos sin excepción nos transformemos. O no habrá cuarta transformación… La empresa UnitedAirlines dio a conocer el incremente en el número de sus vuelos a Houston, Texas, a partir del próximo 19 de diciembre, en tanto que Aeroméxico y Delta harán lo propio a Detroit, lo que amplía las posibilidades de fortalecer el turismo de negocios hacia San Luis, y las exportaciones al sur y centro de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es uno de los primeros frutos de la acelerada industrialización que ocurre en San Luis Potosí durante la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López en los últimos tres años. Se va a impactar la economía local positivamente, al tiempo de crear un mayor número de empleos… Con el compromiso de promover acciones que garanticen la inclusión de grupos vulnerables en la sociedad, en especial las personas con discapacidad, el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona realizó la donación de 233 mil pesos a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) que será construida en la zona oriente del municipio de Soledad… Ahí fue a dar su aguinaldo y otras percepciones... Tal vez yo esté en una etapa de esas en que fallan las entendederas. No le capto la idea central a este “comunicado” del Congreso del Estado que reza: “Para que las mujeres no sean víctimas de acoso ni abusos, los diputados de la Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobaron una reforma a la Ley en la materia, para que en horas pico, haya autobuses urbanos exclusivos para transportar mujeres, jóvenes, niños y personas de la tercera edad, tras un análisis que realice la Comisión de Comunicaciones y Transportes”… ¿Cuál fue el cambio?, ¿qué no hay acosadores jóvenes?, ¿ni ancianos acosadores?... ¡Bueno!... El terrible Manolo llegó enfundado como tamal. Dice que el frío es la causa… HASTA LA PRÓXIMA

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