El pasado lunes 03 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública en el que se establecen los lineamientos para el inicio del próximo ciclo escolar en apego a las exigencias de la contingencia sanitaria.
El Acuerdo establece que el servicio educativo del ciclo escolar 2020-2021 se brindará utilizando fundamentalmente la televisión, con el apoyo también de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, señalando, además, que el inicio de dicho ciclo escolar será el próximo 24 de agosto.
Lo anterior resultaría una medida ideal y de gran avance, sino conociéramos los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018, elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la que se arroja un dato desalentador: en México el 11% de los hogares de las zonas rurales del país, es decir, aproximadamente 14 millones de personas, no cuentan con una televisión. Y además la disposición de tecnologías de la información es aún menor porque el acceso a Internet o a una computadora, es mayormente limitado.
Cierto es que nuestro país, al igual que el resto de las economías del mundo, enfrentará en el futuro próximo los estragos de los altos índices de muertes por la pandemia, una recesión económica de grandes dimensiones y además, en el caso de México y por nuestras características de infraestructura particulares, se afectará otro de gran relevancia para las generaciones futuras: la calidad en la educación. Ya no es noticia que de entre los país de la OCDE, México suele oscilar en el último lugar de aprovechamiento académico, y aunado a ello, la niñez y la juventud mexicana que participará en el próximo ciclo escolar, se enfrentará a un modelo de enseñanza-aprendizaje que no es claro, que no define un proceso de evaluación, y lo más alarmante: que propone un modelo educativo repetitivo, memorístico, donde se transmitirán programas grabados, sin que las y los estudiantes tengan la oportunidad de cuestionar, de argumentar, de solicitar la aclaración de dudas porque, hay que decirlo también, no es claro el papel que desempeñarán maestras y maestros durante este modelo educativo.
Pero en la presentación del proyecto sólo intervinieron el Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública y los grandes concesionarios de la radio y la televisión en nuestro país, ¿pero acaso se escuchó la voz de las y los maestros de las escuelas rurales? ¿se tomaron en cuenta las necesidades de madres y padre de familia que, por ejemplo, tengan uno o más hijos? El gobierno federal ha tomado una acción precipitada, sin despejar incógnitas sobre la implementación, pues al mismo tiempo se anuncia que habrá un pago anticipado de 450 millones de pesos a las concesionarias y se presume que habrá un aumento considerable en la publicidad del gobierno federal durante las transmisiones. El reto de la educación en México durante la nueva normalidad no radica en el fondo sino en la forma, que se ha diseñado con singular opacidad y que, a largo plazo, impactarán en la calidad educativa en nuestro país.
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